ALLÁ por septiembre de 2004 se registró un hecho que sirve para ilustrar la disparidad de criterio, en cuanto a exigencia educativa se refiere, mostrada por diversos profesionales al calificar el mismo examen. Un profesor de matemáticas de un IES de la capital se dirigió al Defensor del Pueblo Andaluz por haber sido modificada la calificación de 2 puntos (sobre 10) asignada a un alumno de 1º de Bachillerato, el cual interpuso una reclamación. Aunque el departamento del IES decidió ratificar el "2", la Delegación Provincial, en segunda instancia, asignó 5 puntos y la asignatura quedó aprobada. Todo este polémico asunto fue difundido por la prensa local y quedó registrado en Internet (angarmegia.webcindario.com/reclamacion.htm).

Efectivamente, aplicando la normativa sobre "Garantías procedimentales de la evaluación", la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones (CTPR) constituida al efecto, integrada por un inspector y dos catedráticos de la especialidad (ajenos al IES), tras efectuar el correspondiente análisis, decidió alzar la nota y asignar un "5". Ante tal disparidad de criterio, el Colegio de Doctores y Licenciados, extraoficialmente, acordó recabar la opinión de cuatro catedráticos de matemáticas (también ajenos al centro), los cuales dictaminaron de forma independiente y unánime que la nota inicial del examen era correcta, considerando "inexplicable" la puntuación otorgada por la CTPR. Cabe añadir que el profesor cuya nota fue modificada ha llegado a la jubilación desconociendo los criterios de corrección que fueron aplicados por la CTPR para transformar un suspenso tan bajo en aprobado.

¿Cómo es posible que un mismo examen de matemáticas sea calificado de modo tan dispar? ¿Es fiable que las CTPR estén formadas por miembros elegidos a dedo por el inspector de turno? ¿Por qué no se refleja en la normativa que las CTPR se constituyan con aquellos profesores cuyos alumnos han obtenido las mejores notas medias en la Selectividad? Si son estos profesionales quienes han demostrado ante una prueba externa ser los más eficientes en la aplicación de los criterios de evaluación, ¿por qué no se cuenta siempre con ellos en la resolución de reclamaciones y en la modulación de la exigencia educativa?

En relación con los vaivenes políticos, a veces es la propia normativa la que genera situaciones cambiantes al decaer los estándares de exigencia. Años atrás, un alumno con media de 6 puntos en el expediente, obtuvo estas notas en la Selectividad (sin decimales): 6, 2, 6, 2 (fase general); 2, 2 (específica). Al no alcanzar la media de ambas fases los 4 puntos, resultó "No apto". Pero a partir del año 2010, ya con el ministro Gabilondo, se estableció que la fase específica tuviera carácter voluntario, por lo que dicho alumno, si hubiera optado por no realizarla, habría resultado "Apto", al promediar el 6 del expediente con el 4 de media en la fase general.

Por lo que respecta a la etapa de Educación Primaria, la exigencia educativa, situada a ras de suelo por la LOE, seguirá casi igual con la LOMCE. Esta flamante reforma, aunque introduce sendas evaluaciones individualizadas al finalizar 3º y 6º de Primaria, omite algo que muchos docentes consideran fundamental: que la prueba terminal de la etapa tenga pleno efecto académico, es decir, que sea de obligada superación para acceder a Secundaria. Al no ser así, aquellos alumnos con rendimiento académico muy deficiente (incluso sin saber leer y escribir), irán promocionando por imperativo legal y serán premiados con dicho acceso, dado que la LOMCE también establece que se podrá repetir una sola vez en la etapa (Art. 20. 2). Tampoco se hace constar en la nueva ley que los alumnos con nota de insuficiente en la evaluación terminal de la etapa deban, obligatoriamente, repetir curso en el caso de no haberlo hecho con anterioridad. Así, pues, en la primera evaluación de 1º de ESO seguirán registrándose casos muy extraños: alumnos con nueve o diez suspensos y que no han repetido curso ninguna vez en Primaria. En medios docentes se considera que no es posible estructurar con solidez un sistema educativo siendo poco o nada exigentes en la etapa de Primaria y, sobre todo, en el acceso a Secundaria.

En conclusión: la adaptación del alumnado a un mayor nivel de exigencia educativa conlleva incrementar el esfuerzo, generando una tendencia positiva hacia la optimización del rendimiento académico. Se propone que sean los profesores cuyos alumnos han obtenido las mejores notas en las pruebas externas quienes modulen dicha exigencia y controlen la calidad de la enseñanza.