PASO a paso los independentistas catalanes avanzan en su desafío al Estado español que se escenificó a modo de gran espectáculo ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Cientos de alcaldes, bastón de mando en mano, y multitud de activistas acompañaron a Artur Mas hasta las puertas de Tribunal donde estaba citado a declarar como imputado. Manifiestan los imputados que la política no puede estar sujeta a las leyes, sino al contrario, las leyes a la política. Semejante aberración es el argumento fundamental de las dictaduras y los totalitarismos que no aceptan algo elemental; las leyes son el resultado de la democracia y todos por igual estamos obligados a cumplirlas. Si resultan inapropiadas o se consideren injustas, se pueden abolir o cambiar por la vía parlamentaria, la única legitimada democráticamente para ello. Ahora en Cataluña, como en Venezuela o como en la Italia de Musolini, la política se adueñó del espacio propio de la Justicia.

No se conoce en ningún país democrático semejante coacción a un Tribunal de Justicia mediante una manifestación de fuerza. En Cataluña ya se ha llegado a ese espacio irreconciliable con la democracia donde el Estado de Derecho no existe. Y son políticos con responsabilidades de gobierno y grupos radicales en el Parlamento catalán quienes vulneran el más elemental principio de respeto a las leyes que emanan del Parlamento libremente elegido por el pueblo español. Ha ocurrido con singulares muestras de soberbia de parte de un imputado desafiante ante el Tribunal y ante las Instituciones y los poderes legítimos de España, Artur Mas ha declarado que es responsable único de la consulta del 9N y con la arrogancia de los vencedores que no acatará la sentencia de este Tribunal. Es decir, únicamente acataría una sentencia a su conveniencia.

Estamos ante un feroz totalitarismo que rompe las normas de convivencia y de igualdad ante la Ley. Y en constante desobediencia a los poderes legítimamente constituidos. La democracia española se enfrenta ahora al segundo golpe de Estado contra esta democracia parlamentaria. El primero de ellos aquel 23 F de 1.981 se resolvió con la actitud del jefe del Estado, la unidad de las fuerzas políticas constitucionales y la obediencia de la mayor parte de los mandos de las Fuerzas Armadas. Ahora se está desarrollando otro golpe de estado por la vía de hechos consumados de parte de sediciosos políticos catalanes que son firmes en su desafío, en el desacato y la desobediencia. Los golpes de estado no necesariamente se hacen por la fuerza de las armas o la violencia, estamos al comienzo de algo inaudito y el final está por escribir aún.

No es la primera vez que en Cataluña se desafía al Estado español. La democrática II República hubo de enfrentarse a otro gran desafío que planteó el President Luís Companys al declarar unilateralmente el Estado catalán el 6 de octubre de 1.934. La respuesta de la República fue inmediata ordenando al Capitán General de Cataluña que restableciera el orden constitucional lo que fue cumplimentado con la detención de Companys y 3.000 personas más. Los políticos sediciosos fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República y condenados a 33 años de prisión y la Generalitat de Cataluña fue suspendida indefinidamente por ley aprobada el 14 de diciembre de 1.934. El Presidente de la República, D. Niceto Alcalá Zamora , el Presidente del Gobierno D Alejandro Lerroux y las Instituciones republicanas actuaron sin titubeos en favor del orden constitucional. Todas las fuerzas políticas de la República actuaron unidas frente al golpismo en Cataluña y nadie censuró su firmeza. Simplemente cumplieron con su deber y con la Constitución.

Ahora los sediciosos retan a la legalidad, afrentan a los símbolos del Estado y desobedecen a los poderes e Instituciones. Y ante semejante desafío, no quedan muchas alternativas porque el golpe de Estado ya esta en marcha y hay quien dice asumir la responsabilidad. Resulta sorprendente que ante esta afrenta el Gobierno se atenga únicamente a la vía judicial, cuando el acoso a los Tribunales de Justicia es clamoroso. El Jefe del Estado y el Presidente del Gobierno conocen que la Constitución española dispone de medios previstos para aplicar en situaciones como esta, además del Código penal. Ambos están elegidos para defender el interés general de los españoles y esa es la ineludible responsabilidad de ambos y única justificación de la Monarquía en el siglo XXI.

Todos, sin excepción están llamados a cumplir porque ya no es soportable para la inmensa mayoría de los españoles la constante burla a todo lo que consideramos el fundamento de nuestro sistema político. Puede que fueran muchos a las puertas del TSJ de Cataluña. En octubre de 1.934 más de 3.000 fueron conducidos a prisión. Así que en esta situación ya hay precedentes que ha de prevalecer el imperio de la Ley, con todas sus consecuencias.