LAS impagables autonomías españolas -como sigan así, no las vamos a poder pagar- prosiguen incansables su labor dinamitera del principio de igualdad entre los ciudadanos. Según donde tenga la dicha, o la desgracia, de vivir, el español aprende cosas distintas en la escuela, recibe diferentes prestaciones sociales y paga más o menos impuestos. Como en la vieja utopía, todos son iguales, pero unos son más iguales que otros.

Puestos a justificar, para todo se encuentran argumentos: se puede decir que hay que enseñar más en las aulas lo de la tierra que lo ajeno, que un gobierno autonómico sensible está legitimado para mantener una política social más avanzada (complementos de pensiones, ayudas familiares, becas) y que en materia fiscal cada jefe autonómico tiene margen para actuar de manera diferenciada. Ya digo, todo es justificable.

O quizás no. Quizás no hay razonamiento humano ni divino que haga comprensible y asumible lo que está pasando con las vacunas infantiles. Siempre habíamos oído que con la salud no se juega y éste era una especie de mantra comúnmente aceptado, no por repetitivo menos firme. Ahora vemos que sí, que se puede jugar, y con total impunidad. Los niños no son vacunados contra las mismas enfermedades en todas partes y además lo son en plazos diferentes. Sólo una niña que viva en el País Vasco será inmunizada contra la tuberculosis nada más nacer. A otra de Madrid la vacunarán contra la hepatitis B en cuanto nazca, mientras que las del resto de España deberán esperar dos meses para lo mismo.

Y así todo. No me lo podía creer hasta que no vi el informe. Hay diecinueve calendarios de vacunación distintos (uno por cada comunidad autónoma más los de Ceuta y Melilla). Como si las bacterias y los virus tuvieran fronteras a la hora de expandirse y hacer daño. Como si los niños navarros y madrileños, inmunizados frente a la varicela a los quince meses, tuvieran más derecho -o menos defensas naturales- que los de los demás lugares, que han de esperar hasta los once años para su vacuna.

Este disparate no obedece, claro, a ninguna razón epidemiológica y todos los expertos lo rechazan por confuso y enemigo de la equidad en el acceso a la prevención de enfermedades. Obedece a criterios de oportunismo político, a una competición entre comunidades para demostrar quién trata mejor a sus niños. Tampoco es una cuestión de izquierdas o derechas, ya que hay tres consejeros de Salud favorables a un calendario único para toda España y a que lo decida el Ministerio de Sanidad y de ellos dos son del PSOE y uno del PP. Es una cuestión de sensatos o insensatos, y la sensatez e insensatez están bien repartidas. Tanto como el poder territorial en España.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios