ASÍ como la popular prueba del algodón permite comprobar la limpieza de una superficie, se plantea algo tan sencillo como la prueba del maniquí para evidenciar la insensatez de la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE). Se trataría de poner un maniquí en un aula de 1º de Primaria, aunque necesitamos su nombre para que conste en el listado de alumnos matriculados. Sea: José Calcuta Caramelo (JCC).

Según el art. 20.4 de la LOE, en Primaria se puede repetir curso una sola vez. Esto significa que, por imperativo legal (PIL), al cabo de 6 ó 7 cursos, JCC accedería a un instituto para empezar la ESO. La LOE no establece ninguna prueba de obligada superación al terminar la Primaria. Si JCC fue escolarizado con 6 años de edad, empezaría la ESO con 12 ó 13.

JCC suspendería todas las asignaturas de 1º de ESO, pero tras repetir promocionaría (PIL) a 2º de ESO y con posterioridad, a 3º de ESO. Repitiendo dos veces como máximo por etapa en la ESO (art. 28.6), JCC va promocionando hasta agotar el límite de permanencia, al cumplir los 18 años (art. 4.2). Para la LOE carece de importancia que no sepa leer y escribir o que acumule tropecientas asignaturas suspensas.

El error garrafal de la psoeización es no considerar el conocimiento sino la edad para determinar el nivel educativo. Este criterio se aplica incluso para escolarizar a los inmigrantes que desconocen la lengua española. En muchas zonas de España la inmigración ha acelerado el desastre educativo. Cabe señalar que no hay que superar ninguna prueba específica en el caso de pasar por ATAL (aulas temporales de adaptación lingüística).

Una prueba específica de acceso a Secundaria (que incluya lectura, ortografía y aptitud numérica), de obligada superación, realizada obviamente en lengua española en todas las autonomías y controlada de modo eficaz, proporcionaría coherencia y sensatez al sistema educativo. Allá donde los socialistas se asocian con los separatistas, el Gobierno de ZP permite que la lengua española sea tratada como una asignatura maría, es decir, menospreciada en horario lectivo (de tres a dos horas semanales) y en exigencia, para evitar interferencias con la imposición de la lengua cooficial. Resulta extraño que, dado un texto en español, baste subrayar los nombres de las aves para aprobar la asignatura de lengua. ¿Será verdad algo de esto, ministro Gabilondo?

El art. 3.1 de la Constitución señala que "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Pero la ciudadanía observa una quiebra inconcebible de la normativa, que afecta incluso a las indicaciones del tráfico y a la rotulación comercial en español, según mandato de la tropa nacionalsocialista catalana. ¿Cómo es posible que el Gobierno de España permita multar por usar un derecho constitucional?

Aunque ZP dijera que España está en la Champions League de la educación, lo cierto es que el panorama es desolador y demanda soluciones urgentes. La aptitud numérica de buena parte del alumnado que accede a la ESO es para echarse a llorar. Escribir correctamente en la lengua oficial es un objetivo básico e incuestionable, pero está lejos de ser alcanzado. Las disortografías reinan por doquier sin que nadie ni nada frene la inundación en institutos y universidades. Legiones de estudiantes cometen faltas de ortografía, siendo testigos anuales los correctores de las pruebas de acceso a la universidad (PAU, selectividad). Este desastre queda enmascarado al hacer los cálculos para determinar la nota de acceso. ¿Por qué se facilita el acceso a la universidad a quienes cometen más de 20 ó 30 faltas en las pruebas efectuadas?

La nueva PAU omite algo tan fundamental como una prueba específica de ortografía, de forma que sea preciso superarla para obtener la nota de acceso. Téngase en cuenta que la ortografía es una de las técnicas de base sobre las que pivota la calidad de la enseñanza, razón por la cual sería muy importante realizar a nivel estatal pruebas de exigencia progresiva (Primaria, ESO y PAU), de obligada superación, generando indicadores fiables para analizar con rigor el problema y tratar de solucionarlo. En las estadísticas de la PAU por asignatura y centro quedan reflejados los grupos que obtuvieron las mejores notas medias en las diversas materias. Con los docentes respectivos y otros de la universidad se podría configurar un triple control de calidad: provincial, autonómico y estatal. Este diseño requiere la colaboración de la jefatura de estudios de cada centro y pretende obtener mayores cotas de calidad, así como corregir las actuaciones fraudulentas que puedan producirse.

Por último, cabe advertir que la psoeización no sólo afecta a la educación sino que infiltra otros ámbitos: judiciales, policiales, sindicales, artísticos, medios de comunicación, etc. Se trata de estar en el poder a toda costa y vale desde descalificar a la oposición (antipatriotas) hasta engañar a los votantes con el anuncio electoral del pleno empleo. Lo que resulta extraño, dada la gravedad de la situación actual, es que ningún progresista del PSOE cuestione la doctrina del guardián del pesebre y abra las puertas del partido, a ver si sale el sectarismo y entra la sensatez.