Ya hay fecha para el decreto que dirimirá el futuro de las miles de viviendas que se encuentran en situación irregular en la comarca del Valle del Almanzora -en total 12.697 de las que 920 tendrán que ser demolidas como ya adelantó la Junta hace meses-. Así lo confirmó la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón, que apuntó que "en el mes de noviembre, o como muy tarde diciembre, se habrá aprobado el decreto".

Villalón ha precisado que "ya ha finalizado la fase de información pública del decreto, que fue iniciada en junio, y en estos momento pasa por una serie de trámites técnicos. Por ejemplo, el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía se encuentra informándolo, y más tarde tendría que ser informado por el Consejo Consultivo de Andalucía", subrayó.

Hay que recordar que a principios del mes de abril, la consejera de Obras Públicas ya informó al Consejo de Gobierno del citado decreto que prepara su departamento y que establecerá vías para la legalización o el reconocimiento de estas edificaciones, tras el análisis de sus diversas circunstancias físicas y jurídicas.

Los alcaldes de los diez ayuntamientos del Almanzora afectados -Albanchez, Albox, Arboleas, Cantoria, Fines, Líjar, Lubrín, Oria, Partaloa y Zurgena- han efectuado sus peticiones y sugerencias durante el periodo de exposición pública del decreto, de forma que varios de ellos han puntualizado distintos artículos del borrador que les ha hecho llegar la Administración andaluza a favor de la restauración de inmuebles y creación de espacios turísticos, entre otros aspectos.

En declaraciones a Europa Press, varios alcaldes han dado su opinión y han explicado sus solicitudes al borrador tras cerrarse el periodo de exposición pública durante el cual un equipo de la delegación de Obras Públicas se ha reunido con los alcaldes para escuchar sus sugerencias. Así, el alcalde de Albanchez, Francisco Martínez, ha explicado que entre las sugerencias más importantes transmitidas a la Junta se encuentra la posibilidad de adaptar bajo la nueva figura de "asimilado fuera de ordenación" construcciones diseminadas tales como almazaras o molinos que están en desuso pero que podrían ser aprovechados para crear espacios de interés turístico o, incluso, como vivienda habitable.

Por su parte, el primer edil de Lubrín, Domingo Ramos, ha solicitado que todas las viviendas identificadas en el catálogo puedan ser reconstruidas "sea cual sea su estado de ruina". Ramos señala que este aspecto es uno de los que más pesan en su municipio, dado que se han identificado unas 500 casas de carácter "histórico" cuyos dueños no pueden afrontar su restauración, por lo que se aboga por algún tipo de financiación económica aparejada al decreto para poder llevar a cabo esta petición.

Por su parte, el alcalde de ARboleas, Cristóbal García (PP), ha manifestado que el decreto "poco valor" en su caso, puesto que las viviendas que se encuentran fuera de ordenación no se hayan en núcleos diseminados sino que forman parte de urbanizaciones cercanas a los núcleos de población. "En un principio será útil para poder dar agua y luz a estas casas", ha puntualizado.