El vicesecretario general y número dos del Partido Popular para las elecciones europeas, Esteban González Pons, tiene previsto visitar la comarca del Almanzora la próxima semana. La cita será el lunes 5 de mayo en el municipio de Fines. Las viviendas ilegales y sus posibles soluciones, es la temática que abordará con vecinos y asociaciones que han sido invitadas al acto previsto en el Salón Social del municipio de Fines.

Entre los colectivos que ya han confirmado su asistencia se encuentra la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), que aglutina a buena parte de los propietarios de viviendas ilegales en el Almanzora y el Levante almeriense, donde se cifra en 12.000 las viviendas fuera de ordenación. Su presidenta, Maura Hillen, se muestra agradecida por la invitación y asegura que sus relaciones "son buenas con todos los partidos", pero insiste en que "lo que queremos es que estos problemas se resuelvan. Los ingleses se van y no vienen nuevos compradores que se quieran quedar aquí, vivir y gastar su dinero en este país. Se han ido 90.000 ingleses de España en el último año. Nos interesa a todos resolver este problema y hay que buscar una solución porque evidentemente el Decreto de Regularización andaluz no funciona" asegura a la vez que ofrece algunas cifras; "se han concedido en los dos últimos años menos de 200 permisos conocidos como AFOs con el Decreto, cuando en Andalucía existen unas 300.000 casas irregulares".

El acto que estará abierto al público en general, comenzará a las siete de la tarde, aunque una hora antes González Pons tiene previsto reunirse en el ayuntamiento finero con AUAN para estudiar de forma directa el documento que los afectados tienen previsto entregarle. "Estamos cansados de buenas intenciones, en las últimas semanas se habla de que la Junta está estudiando cambios normativos, pero queremos resultados concretos, no queremos más casos como el de los señores Prior".

Los afectados están convencidos de que algunos de esos cambios tienen que venir también a nivel estatal, "para que se garantice una justa y previa indemnización si se derriba una casa comprada de buena fe. Esto es competencia estatal y es una cuestión de derechos humanos" añade Hillen.

Garantizar el derecho a la propiedad como derecho humano reconocido internacionalmente, que nadie pueda ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, pero en todo caso, teniendo en cuenta la correspondiente indemnización simultánea y de conformidad con la Ley y los principios generales del derecho internacional. El derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas y a que se establezca la cuantía de indemnización en todo caso, antes de la efectiva demolición de los inmuebles; que el pago de la indemnización sea simultáneo a la puesta a disposición del inmueble a favor de la administración que sea obligada a materializar el derribo. Son algunas de las alegaciones que los afectados trasladarán en ese documento al número dos del Partido Popular de cara a las elecciones europeas del próximo mes de mayo.

Se espera además que otras asociaciones de afectados del resto de Andalucía, acudan también al acto del próximo lunes en el municipio de Fines.