Almería

"¿Y ahora quién paga el daño a la promotora y al pueblo?"

  • El exalcalde de Carboneras asegura que "Gobierno y Junta dicen lo contrario a lo que piensan sobre el hotel".

Después de media vida en política, 28 años y siete legislaturas que sólo interrumpió para cumplir una inhabilitación a la que fue condenado por el Supremo por un delito electoral del que posteriormente indultado por el Gobierno de Zapatero, Cristóbal Fernández dejó la política en mayo de 2011 con la frustración de no haber podido demostrar que su ayuntamiento, el de Carboneras, actuó conforme a la legalidad al autorizar y promover las obras del Algarrobico. En plena cascada de varapalos de la justicia a los intereses del hotel, fue considerado por los ecologistas enemigo público número uno del medio ambiente en España y el padre político de una criatura de la que todos renegaban. Gobierno y Junta no querían saber nada de sus argumentaciones y denuncias contra el derribo que planificaban de esta mole de 65.000 metros cúbicos de hormigón y su partido en la provincia, al menos de cara a la galería, optó por hacerle el vacío siempre que el entonces alcalde de Carboneras defendía los intereses de su pueblo.

 

A raíz de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dictamina que la licencia de obras que concedió su equipo de gobierno se ajusta a derecho y no viola la Ley de Costas, Cristóbal Fernández ha querido valorar la actuación de todos los actores implicados en una historia interminable, la odisea jurídica del Algarrobico. Ocho años después de la orden de paralización de los trabajos de juez almeriense Jesús Rivera, el exregidor sigue pensando que lo hizo atendiendo "a un momento laboral en el que necesitaba salir a la palestra como adalid de la defensa del medio ambiente" en Almería. Entiende que el magistrado cometió un error y echa mano a la última sentencia del TSJA para avalar su tesis. "Por sus sentencias los conoceréis", añade en alusión a otros fallos de Rivera, como el del Gran Plaza, en el que sí atendió al interés de los vecinos de Roquetas, cuestión que no tuvo en cuenta en Carboneras.

 

Fernández recibió ayer cientos de llamadas con felicitaciones de personas que forman parte de las  administraciones que trabajan -o así lo manifiestan- por el derribo. "Dicen lo contrario de lo que piensan, sólo buscan el rédito político", asegura sin ningún reparo. No se pronuncia sobre las declaraciones de consejeros y presidenta de la Junta, pero les recuerda, como ya hizo ante el juez, que "fueron ellos los que lo promovieron y pusieron en marcha con la bendición del resto de las administraciones, incluyendo a la de Costas". No se olvida tampoco de la que fuera su amiga íntima, Cristina Narbona, una de las que más trabajó por la demolición del Algarrobico en una brutal campaña cuando era ministra de Medio Ambiente. "Fue contra el hotel por intereses personales, nada más, se reunió con los ecologistas en su despacho y les prometió algo que debía decidir la justicia". Es más, recuerda que el expresidente Manuel Chaves tuvo que mediar para que lo recibiera en el Congreso, otro encuentro en el que Fernández le reprochó a la ahora consejera del Consejo del Seguridad Nuclear todo lo que tanto él como otros socialistas hicieron por ella cuando era diputada por la provincia de Almería.

Los ecologistas, y sobre todo Greenpeace, fueron sus principales detractores durante años, lo pusieron al frente de la lista negra de alcaldes del país. Ahora lamenta el marketing y otras prácticas por las que "hicieron del Algarrobico un icono de la destrucción del litoral para seguir mamando de la teta del medio ambiente". Entre los apoyos políticos al hotel y su apertura destaca, sobre todo el de Gabriel Amat (PP). Después de años recibiendo ataques, el exalcalde asegura que el tiempo le ha dado la razón. "Hemos trabajado de manera honrada, defendiendo siempre lo mismo, mientras que los demás se cambiaron de chaqueta". Con cierta resignación se pregunta ahora con más motivo que nunca: "¿quién paga el daño a la promotora y al pueblo?".

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