El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vera ha decretado el archivo provisional de la causa contra el alcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández, por el caso del taller mecánico. En su auto, de 22 de octubre, la juez Rocío Sánchez reconoce como cierto que entre 2007 y 2011 Fernández Martínez fue regidor de Garrucha y "a la vez socio y administrador de una mercantil con la que el Consistorio realizó contratos de prestación de servicios por importe de 2.859,79 euros en 2008 y similares en los años siguientes, participando el denunciado en los acuerdos municipales relativos a esos contratos".

Aunque la titular del Juzgado número 2 señala que es "evidente" que ese hecho "sucintamente expuesto" supone una "irregularidad administrativa", recurre a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para apostillar que "no cabe aplicar apresuradamente una norma penal ante una simple irregularidad administrativa o ante la discordancia de las normas, porque si así lo hiciéramos correríamos el riesgo de criminalizar la actividad administrativa y convertir los tribunales de lo penal en un trámite previo a la aprobación de cualquier acto administrativo".

"La resolución incriminada -dice la jurisprudencia del TS recogida por el Juzgado de Vera- tiene que ser evidente, flagrante y clamorosa, de tal manera que se encuentre en insoportable contradicción con los mínimos esenciales de funcionamiento de los órganos administrativos y además, que se cause a sabiendas o por ignorancia o negligencia inexcusable, un perjuicio evidente a terceros o a la causa pública en general".

De esta forma, la juez sostiene que las irregularidades detectadas "no traspasan el umbral de la irregularidad administrativa para tener relevancia penal".

Juan Francisco Fernández declaró, en este sentido, que aunque figure como titular de la empresa, el verdadero titular es su hermano, "lo que está acreditado conforme al resultado de otras diligencias de investigación", ratifica la magistrada, que apostilla que no consta en la Agencia Tributaria que el regidor haya recibido ingresos de esa mercantil. Por otro lado, añade, "los hechos instruidos se refieren a contratos menores, en los cuales el sistema de contratación realizado por el Ayuntamiento con esta mercantil como con otras mercantiles incluso antes que el imputado fuera alcalde ha sido sustancialmente idéntico, según declara el secretario del Ayuntamiento".

"No existe por tanto -concluye la juez- irregularidad evidente, flagrante ni clamorosa ni de suficiente gravedad como para que los hechos tengan entidad penal".

La causa archivada de forma provisional partió de una denuncia del PSOE, que llegó a pedir la dimisión del alcalde. Ahora, Fernández reclama a los socialistas más "responsabilidad, después de que la justicia les haya enmendado la plana por tratar de criminalizar la actividad administrativa. Ellos sabían que esto no tendría ningún recorrido".

El primer edil ha lamentado el gasto que la oposición le ha generado al Ayuntamiento y al propio sistema judicial, además del "daño que se ha ocasionado a la imagen del municipio".