El Pleno de Huércal-Overa ha aprobado, con el voto de unanimidad de los distintos grupos políticos, el secuestro de la concesión de la Residencia Ángeles Parra, ya que hay declarada "la existencia de incumplimientos contractuales relevantes en el contrato de gestión de la concesión de la explotación del servicio de residencia consistentes en el impago reiterado de nóminas a los trabajadores, déficit en la ratio de personal de atención directa, así como los restantes conflictos laborales que han motivado el calendario de paros del servicio comunicado, así como del riesgo manifiesto de que tales incumplimientos pudieran derivar en perjuicios al correcto funcionamiento y prestación del servicio a los usuarios",. Así se detalla en la propuesta de la Alcaldía en la que se concede al concesionario del servicio un plazo de 10 días naturales para que proceda a la subsanación de los incumplimientos verificados y puestos de manifiesto, con apercibimiento de que, transcurrido el citado plazo sin justificarse el cumplimiento requerido, se procederá a la efectiva ejecución del acuerdo de intervención.

La gerencia y administración del secuestro de la concesión se efectuará por un interventor técnico, designando a tal efecto a una persona física o jurídica externa al Ayuntamiento especializada en el asesoramiento fiscal y mercantil o en la auditoría, con apoyo de los servicios municipales en cuanto fuera necesario.

Este acuerdo llega tras las manifestaciones de los trabajadores de la existencia de un descontento general de la plantilla en relación a la gerencia, relatando deficiencias organizativas internas graves. Así mismo las trabajadoras han comunicado al Ayuntamiento la existencia de atrasos de nóminas de varias mensualidades de anualidades vencidas, las cuales debieran estar abonadas en su integridad. Teniendo en cuenta asimismo que celebrado acto de conciliación entre trabajadores y empresa éste ha concluido sin avenencia, según consta en la documentación obrante en el expediente.

Desde la Intervención Municipal se ha requerido en diversas ocasiones justificación y detalle de la situación de pagos a los trabajadores de la residencia, así como información económica y financiera, sin que la concesionaria haya dado pleno cumplimiento a dicho requerimiento.

El alcalde Domingo Fernández explicó que la situación es difícil por "tener que dar lugar a esta intervención, pero somos conscientes de las necesidades de las trabajadoras y usuarios y con este acuerdo empezamos a remar en un asunto que nos preocupa a todos" y reiteró que "desde el primer momento hemos estado aquí para ayudarlos, hemos escuchado las propuestas, adelantando dinero del Ayuntamiento en cuatro ocasiones".