Almería

La secretaria y el interventor hoy ante el juez por el Caso Rambla

  • La Fiscalía abrió un proceso para investigar la adjudicación del proyecto para reforzar los muros de este lugar tras una denuncia del PP

La secretaria y el interventor del Ayuntamiento de Albox acuden hoy a declarar ante el juez por el Caso Rambla, un proceso judicial abierto por la Fiscalía con el que se pretende estudiar e investigar posibles irregularidades en el contrato firmado en el 2007 entre el consistorio y la mercantil Alcaina Estudio de Arquitectura mercantil. Dicha adjudicación consistía en la redacción de un proyecto de refuerzo de muros de contención en el cauce de la rambla por importe de 370.000 euros. De hecho, el próximo lunes, justo un día después de las elecciones municipales, ha sido citado a declarar como imputado el administrador de la empresa Alcaina Estudio de Arquitectura.

Los testigos por el Caso Rambla desfilan por los juzgados desde el pasado 7 de mayo, día en el que declararon Cristóbal García y Mirella Granados, alcalde y concejal de urbanismo del municipio Arboleas respectivamente, quienes aparecen en el expediente de adjudicación del proyecto de La Rambla, como responsables de dos de las empresas concursantes.

La fiscalía ha abierto este proceso para comprobar los hechos que se recogen en la denuncia presentada por el grupo municipal del Partido Popular de Albox. En dicha denuncia los populares recogen que la mercantil pertenece "al yerno del teniente de alcalde Francisco Pérez Conchillo", por lo que asegura que existen "numerosos indicios" que "llevan a sospechar que el concurso podría estar amañado.

Cabe recordar que esta empresa y sus facturas incluidas en el Plan de Pago a Proveedores, además de los diferentes contratos con el ayuntamiento albojense, son el motivo por el que el alcalde Rogelio Mena se encuentra imputado. El actual alcalde y de nuevo candidato socialista está imputado por un presunto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos por el que la Fiscalía solicita dos años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por "impedir" presuntamente de forma "constante" la labor de oposición del PP al denegarle "sistemáticamente" diversos expedientes de contratación y facturas relativas a tres empresas incluidas en el Plan de Pago a Proveedores.

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