Medio millar de ciudadanos británicos residentes en la Comarca del Almanzora (Almería) exigieron hoy en una protesta por las calles de la capital la aplicación de una "política honesta" en la gestión del proceso para la regularización de las alrededor viviendas fuera de ordenación de las que son propietarios en ocho municipios y criticaron la "preocupante arbitrariedad" de las administraciones locales en función del partido que gobierna.

Así ha resumido el sentir de los integrantes de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) uno de los portavoces, Lenox Napier, quien señaló la paradoja que, a su juicio, supone el que permanezca "un edificio de 22 plantas en la playa de Carboneras" -en referencia al hotel de Azata del Sol en el paraje del Algarrobico- frente al derribo que, hace un año, obligó a residir en un garaje al matrimonio formado por Leonard John y Helen Prior tras el derribo por orden judicial de su cada de dos alturas en Vera.

Napier recordó que ambos, para los que llegó tarde el amparo que solicitaron ante el Tribunal Constitucional (TC) en junio, no han recibido "compensación alguna ni una sola explicación" si bien matizó que desde el colectivo confían en que la Junta de Andalucía, que a su juicio "tiene culpa en unos casos y en otros no", ejecute al completo el plan de regularización anunciado en septiembre no sólo en beneficio de los afectados "sino también por la reputación de la provincia de Almería".

Los ciudadanos británicos, quienes tal y como ha reconocido la Administración autonómica adquirieron sus viviendas de "buena fe" y sin conocer su situación irregular, admiten que el citado plan no podrá normalizar algunos de los inmuebles que los promotores, según señaló el portavoz de la AUAN, construyeron "sobre ramblas, por ejemplo" pero exigen que se depuren responsabilidades porque no entienden "cómo los ayuntamientos dejaron que pasará cuando son pueblos tan pequeños que se ven las casas ilegales desde las ventanas de los consistorios".

Al hilo de esto, Napier anunció que han solicitado en la reunión mantenida con el delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, la creación de una agencia que, integrada por técnicos autonómicos y representantes del colectivo, pueda coordinar las actuaciones al tiempo que canalice las compensaciones económicas a los ciudadanos británicos que, a su juicio, "suponen un muy buen negocio para la provincia" donde los 750.000 residentes del Reino Unido gastan una media de 1.000 euros al mes.

Desde el colectivo subrayan como «vital» el que se haga con «transparencia y mucha participación ciudadana» el citado proceso, iniciado ya en municipios como Arboleas, Albox, Cantoria, Partaloa o Zurgena a través del inventariado de las viviendas irregulares en cada uno de los términos municipales, a cuyos ayuntamientos instan a proteger a los «compradores de buena fe», algunos de los cuales --ahondan-- «corren el riesgo de ver su vivienda demolida» mientras «muchos viven sin suministro de energía eléctrica y agua potable».

Leonard John y Helen Prior, cuya situación ha motivado que se fije la cita para hoy, pertenecen a la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) que agrupa a los propietarios, en su mayoría de nacionalidad británica, de alrededor de 5.000 viviendas declaradas fuera de ordenación en ocho municipios de la provincia y sobre las que pesa, además de expedientes de disciplina urbanística incoados por la Junta de Andalucía, procesos judiciales en los que el Ministerio Fiscal interesa su demolición.

La Administración autonómica avanzaba, no obstante, en septiembre el inicio de un plan de actuación por el que las viviendas construidas sobre suelo no urbanizable en estas circunstancias tendrían prioridad en la regularización, que afectará al 90 por ciento de los inmuebles y de la que sólo quedarán fuera aquellas construidas sobre dominio público o en zona declaradas de especial protección medioambiental.