Las viviendas ilegales de propietarios británicos del Almanzora siguen siendo el centro de atención en muchos frentes políticos. El informe elaborado y aprobado en el Parlamento Europeo por la eurodiputada Margrete Auken, señala en la exposición de motivos que "muchos ciudadanos europeos han decidido vivir en España por todas las ventajas que ofrecen el país y sus habitantes, y al hacerlo, han ejercido los derechos que les han sido otorgados como ciudadanos europeos en virtud de los Tratados".

Sin embargo, los problemas que aborda el presente informe afectan también a los propios españoles, que han presentado las mismas, si no más, peticiones a este respecto. Por este motivo, algunas autoridades políticas y dirigentes de partidos consideran inadmisible la afirmación de que los extranjeros, que evidentemente no comprenden la legislación española, son los únicos que plantean estos problemas, o que las víctimas no tienen más que dirigirse al juzgado más cercano para que les aclaren y resuelvan su situación. De hecho, muchos peticionarios han intentado llevar a cabo esta medida sin obtener resultado alguno; otros no pueden permitírselo económicamente.

La mayoría se encuentran desorientados por los consejos contradictorios que reciben de las autoridades locales y de los abogados a los que han recurrido en busca de asesoramiento sin que les hayan ayudado mucho -por no mencionar los numerosos casos en que las autoridades municipales y los propios abogados han resultado partes intrínsecas del problema-.

La mayoría de los peticionarios y muchos juristas están desconcertados por la falta de seguridad jurídica y la confusión resultante de una legislación imprecisa o excesivamente compleja en materia de desarrollo urbanístico y sus implicaciones, junto con unas disposiciones de aplicación cada vez más confusas".