Los diez municipios que han colaborado estrechamente con la Junta de Andalucía -Albanchez, Albox, Arboleas, Cantoria, Fines, Líjar, Lubrín, Oria, Partaloa y Zurgena-para dar una solución a las 12.697 edificaciones irregulares cuentan ya con el inventario modificado por la administración autonómica y "deben de empezar a aplicar el Plan de Inspección Municipal que les servirá para marcar los plazos para demoler los inmuebles y priorizar como lo van a llevar a cabo", ha explicado a Diario de Almería la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Gloria Vega.

En este sentido, las referidas localidades cuentan con 534 viviendas en suelo especialmente protegido y 386 están en proceso de construcción o tienen menos de cuatro años -un total de 920, un 8% de las 12.697-, sobre las que en caso "muy excepcionales" no se las podrá salvar de la demolición "ya que no se pueden amnistiar a todas las viviendas ilegales", apunta la directora general de Inspección, Rosa Urioste.

Tras la reunión mantenida por la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, con los regidores de los diez municipios a principios de mes, Vega y Urioste mantuvieron ayer otra con la Asociación Abusos Urbanísticos del Almanzora No (AUAN) en la que señalaron las respuestas que está articulando la Consejería a través del decreto que se encuentra en redacción para establecer los distintos regímenes que se van a aplicar a las edificaciones que hay sobre suelo no urbanizable y, especialmente, la imposibilidad de dar una respuesta desde la Administración a las que no están terminadas, tienen menos de cuatro años o se encuentran sobre suelos de especial protección.

La presidenta de la AUAN incidió en que "unos meses puede ser demasiado para algunos ciudadanos que no tienen actualmente acceso a los servicios básicos". En este sentido, Gloria Vega ha explicado que el interés de la Junta es aprobar el decreto cuanto antes, pero que "cualquier norma requiere un procedimiento de elaboración y tramitación que no podemos saltarnos".

Además, Vega insistió durante la reunión de ayer que el acceso a determinados servicios de las viviendas no podrá suponer coste alguno para las administraciones implicadas.