José María Llamas, hermano del alcalde de Cantoria, Pedro Llamas, negó ayer su vinculación con la construcción de 13 viviendas unifamiliares sobre suelo no urbanizable y de especial protección, y ha asegurado que "no tiene nada que ver" con la empresa que promovió la edificación de estos inmuebles, ya que, según ha añadido, solo es un funcionario que por las tardes "echaba unas horas para ganar unas pesetillas".

Llamas, cuya defensa ha aportado en juicio una prueba documental en la que efectivamente no aparece como responsable de la mercantil Alfa Concepto Rural, ha señalado a su sobrino e hijo del primer edil popular, Pedro L.G., quien consta como administrador de la promotora de las viviendas ejecutadas fuera de ordenación, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Durante el trámite de informes del juicio, que ha quedado visto para sentencia ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, la fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha mantenido la petición de penas de dos años y medio de prisión, y multa de 35.000 euros como autor de un delito contra la ordenación del territorio.

Pese a la testifical del acusado y la prueba documental de la defensa, ha recordado que José María Llamas declaró en 2008 a los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y en 2008 ante el juez instructor de la causa ser el «promotor y constructor» de los inmuebles denunciados en el paraje de 'La Hojilla', extremo que ha sido confirmado por videoconferencia uno de los efectivos que elaboró el atestado.

Una de las acusaciones particulares, que representa a propietarios de tres de las casas sobre las que pesa una posible demolición interesada por el Ministerio Público, ha decidido retirar la acusación contra José María Llamas mientras que la otra parte, que defiende los intereses de perjudicados también, se ha adherido a la petición fiscal aunque ha solicitado que no se lleve a cabo el derribo.

La fiscal ha argumentado que no procede aludir a una "posible legalización" a través del Plan General de Ordenación Urbana de Cantoria ya que depende de una legislación autonómica que no permite su construcción y ha rechazado que las viviendas puedan ser calificadas como hábitat rural diseminado ya que la ordenanza municipal "se encuentra recurrida y en suspensión cautelar" por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El escrito de calificación fiscal imputa a Llamas la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 319.1 del Código Penal, por el que interesa además su inhabilitación por dos años para empleo u oficio relacionado con la construcción.