El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la lista de los 417 medicamentos que desde septiembre dejarán de ser financiados por la Seguridad Social -la inmensa mayoría para síntomas menores-, aunque 97 de ellos mantendrán la financiación para tratar enfermedades graves o crónicas. A partir del 1 de septiembre, los pacientes deberán abonar íntegramente el precio de algunos fármacos indicados para cuestiones como irritación de la piel, tos, diarrea o estreñimiento, lo que permitirá un ahorro que el Ministerio de Sanidad ha cifrado en más de 450 millones de euros.

Aunque inicialmente estaba previsto que esta exclusión de la financiación pública de varios medicamentos entrara en vigor a primeros de agosto, finalmente Sanidad anunció que sería el 1 de septiembre el momento en el que los usuarios tendrán que empezar a pagar por ellos. También entonces se cifró en 425 los medicamentos que se excluirían de la financiación pública, pero el BOE detalla por el momento 417 y esa lista se revisará de forma periódica.

Desde septiembre los pacientes deberán pagar por medicamentos tan populares como Almax (antiácido), Emportal, Duphalac o Plantago (laxantes), Fortasec (antidiarreico) y pomadas para aliviar el dolor causado por la artritis como Fastum, Calmatel, Movilisin, o para el tratamiento de afecciones inflamatorias como Zenavan. También deberán pagar por medicamentos para la tos como Mucosan o Pectox, y por fármacos para el tratamiento de los síntomas de la rinitis alérgica, como Rinomax, además de por la acetilcisteína para patologías neumológicas, entre otros.

No obstante, la resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia que publica el BOE contempla excepciones y, así, algunos de los medicamentos incluidos en la lista seguirán teniendo financiación pública cuando sean indicados para patologías concretas, como por ejemplo para pacientes oncológicos.

Subgrupos de medicamentos concretos seguirán siendo costeados por la Seguridad Social cuando sean prescritos para pacientes que padezcan enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis (formadores de volumen); encefalopatía portosistémica y paraplejia (laxantes osmóticos); pacientes oncológicos (antagonistas del receptor opioide periférico) y claudicación intermitente (vasodilatadores periféricos). Además, los pacientes neoplásicos con tos persistente (alcaloides del opio y derivados) y los enfermos con síndrome de Sjogren (otros oftalmológicos). Pero a pesar de esta exclusión de la financiación de más de 400 fármacos, todos los que están incluidos en la lista se pueden y se deben seguir recetando cuando el médico lo considere apropiado, aunque el paciente tendrá que abonar su coste íntegro.

Con esta revisión, según la ministra de Sanidad, Ana Mato, "se deja de financiar medicamentos no esenciales y así se asegura el acceso a todos los fármacos necesarios para las enfermedades que ponen en peligro la vida de los ciudadanos, sin importar su coste". Sanidad ha subrayado en un comunicado que España se mantiene como uno de los países europeos con más fármacos financiados y que, junto con Francia e Italia, es el único que supera los 10.000 medicamentos con cargo a fondos públicos; en concreto más de 18.000.

El listado de fármacos excluidos del Sistema Nacional de Salud fue motivo de debate en el Consejo Interterritorial de Salud, que se reunió el pasado 27 de junio. Andalucía, País Vasco y, en menor medida, Cataluña criticaron que Sanidad les informara a última hora sobre esta propuesta , mientras que las comunidades autónomas del PP respaldaron esta medida porque supondrá un ahorro importante.

Los socialistas consideran que medidas como el copago sanitario y el "medicamentazo" no conseguirá los ahorros previstos y supondrán más recortes. De la misma forma piensan sindicatos como FSS-CCOO, FSP-UGT, SATSE y CSI-F, que criticaron la propuesta de Sanidad por lo que han venido a llamar el 'medicamentazo', ya que esta medida, a su juicio, "no ahorrará", sino que "generará más gasto" a la sociedad.

Y de "injusta" califican esta medida diversas organizaciones de consumidores, junto a la patronal farmacéutica, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y la Organización Médica Colegial (OMC). Estas organizaciones consideran que esta medida afecta siempre "a los sectores más desfavorecidos" y "continúa un proceso de desmantelamiento de la sanidad pública".