La formación específica y una menor rigidez del Sistema Nacional de Salud son algunas de las claves apuntadas por los profesionales sanitarios para mejorar los servicios de urgencias después de las carencias detectadas por el Defensor del Pueblo. Así lo han manifestado representantes de sociedades médicas y pacientes, que han valorado la importancia del informe presentado en el que esta institución alertaba de que los déficits en los servicios de urgencias hospitalarias pueden incrementar el riesgo de muerte de los pacientes.

El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias (Semes), Juan González Armengol, ha destacado la importancia de que el informe haga una apuesta clara por la especialidad de urgencias, así como que defienda que la carga de trabajo de los médicos residentes sea proporcionada y que no se base la asistencia en ellos. El doctor Armengol ha valorado que desde el propio sistema, el Defensor del Pueblo haga "una crítica constructiva, con recomendaciones, que son posibilistas".

Armengol ha subrayado que la atención sanitaria es "muy bien percibida" por los ciudadanos, según indica el barómetro sanitario, si bien ha reconocido que aunque el sistema funciona bien, "de vez en cuando tiene una serie de rigideces que hacen que no sepamos adaptarnos a todas las necesidades de los pacientes". "Partimos de una base no mala, aunque hay aspectos muy mejorables", ha considerado. El presidente de Semes ha precisado que los casos de saturación que se están dando en los servicios de urgencias son de pacientes que una vez atendidos están pendientes de ingresar en las unidades de hospitalización.

Para el vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Tomás Toranzo, el informe refleja "bastante bien" lo que sucede en estos servicios de los hospitales españoles y debe servir como "toque de atención" al Ministerio para que cree una especialidad de urgencias. "La carencia de una formación específica de los profesionales que están en los servicios de urgencias se viene denunciando desde hace tiempo", ha señalado Toranzo, quien ha explicado que el anterior gobierno tenía previsto reconocer una formación específica pero el actual Ejecutivo "sin ningún argumento abandonó esa línea". A su juicio, el hecho de que los profesionales estén específicamente formados acabaría con gran parte del problema en estos servicios porque estarían mejor organizados y gestionados y los pacientes tendrían "la asistencia que se merecen". Según Toranzo, si el Ministerio no rectifica estaría "posiblemente ante un tipo de responsabilidad aparte de ética, en algún caso posiblemente hasta penal".

Por su parte, el presidente de la Alianza General de Pacientes, Alejandro Toledo, ha lamentado "no tener constancia" de que las asociaciones de pacientes hayan participado en el informe. Toledo ha precisado que la situación de las urgencias difiere en cada comunidad autónoma e, incluso, en cada hospital, y ha considerado que "queda un camino por recorrer" en cuanto a la información al ciudadano sobre cuándo debe acudir a urgencias, ya que muchas veces lo hace porque las citas médicas se demoran.

"Esto no debería ser así", ha señalado Toledo, aunque lo ha achacado a las largas listas de espera debido a los recortes, "que nos van a hacer pagar una factura importante", a la vez que ha insistido en que hay que educar al paciente para que no use el servicio de urgencias "de cualquier manera". No obstante, las consecuencias pueden ser graves, ya que "un paciente no atendido en tiempo y forma puede derivar en más gasto sanitario y, sobe todo, en la salud de las personas y en la propia vida, que puede peligrar en muchos casos".

Más allá ha ido la asociación El Defensor del Paciente, que ha pedido a la Fiscalía General del Estado que "intervenga de oficio y solicite documentación" que justifique las conclusiones del informe, así como que actúe "contra los mandatarios que son responsables de poner en riesgo a los ciudadanos más débiles".