¿Regular la prostitución para que sea un trabajo más y las mujeres la ejerzan en lugares controlados, o mantener la legislación vigente y apostar por la persecución de las mafias, que controlan al 90% de las personas que la practican? El debate sobre la prostitución se sitúa esencialmente entre ambas posturas, pero hay una tercera que, de momento, aflora más tímidamente y es la de aquellos que proponen su prohibición -incluidos los anuncios de contactos- y la persecución penal de clientes. Los grupos políticos, que tienen la llave legislativa, no han conseguido fijar un posicionamiento único en el seno de sus formaciones, aunque en los próximos días deberán hacerlo ante una propuesta de ERC para que se aborde esta regulación.

Los empresarios de los locales defienden la necesidad de aprobar un marco jurídico, "una legislación general", para que queden reguladas no sólo las licencias de los establecimientos, sino las relaciones laborales de las mujeres. "Es una actividad que se debe hacer en un marco adecuado, que esté regularizado, que esté controlado y no son la calle ni los pisos los lugares adecuados, ya que por el derecho de inviolabilidad de domicilio permite la actuación más impune de las mafias", asegura el secretario de Anela, José Luis Roberto. Opina que las prostitutas deben ser autónomas, "deben trabajar por cuenta propia, porque es una actividad que no se puede imponer un horario, ni una disciplina laboral, sino que deben trabajar cuando ellas consideren conveniente y mantener relaciones con quien quieran".

El 90% de las mujeres que ejercen las prostitución la practican de una forma forzada, según determinó una ponencia parlamentaria que tras analizar la prostitución en España redactó un dictamen en el que se oponía a regular el fenómeno. El Gobierno mantiene que aplicando el Plan Integral de lucha contra la trata, aprobado el pasado mes de diciembre, se debe dirigir la batalla contra la explotación de las mujeres. "No podemos permitir que en pleno siglo XXI un número importante de mujeres vean pisoteados sus derechos y sean convertidas en meros objetos, en mercancía, para beneficio de proxenetas y redes", dijo Aído en su última intervención en la Cámara Baja.

El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado tiene computados, en una base recientemente creada, más de 200 grupos de traficantes desarticulados y 700 delincuentes detenidos. Según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la degradación que supone la prostitución hace que, desde cierta perspectiva, sea un oficio que "casi debería ser prohibido".

Las organizaciones feministas exigen la abolición de la prostitución. Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, la prostitución es una "forma de esclavitud de las mujeres" y regularla significa "consolidarla y fortalecerla". "No creemos que un mujer sea libre para dedicarse a la prostitución, sino que es víctima de situaciones muy duras y de esas mafias que se deben combatir de manera eficaz", añade Gonzalo, quien reconoce que aunque "es un problema de difícil solución, ésta debe pasar por ofrecer alternativas a las mujeres que se encuentran en esa situación". Además, plantea que la batalla policial y jurídica debe ir dirigida a penalizar a los clientes, creando un nuevo delito en el Código Penal, que establezca que es delito solicitar favores sexuales a cambio de dinero.