El Consejo de Ministros aprobó en Sevilla enviar al Congreso la 'Ley Sinde' que prevé el cierre de webs con descargas ilegales. Las medidas contra la piratería en internet, incluidas dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible, fueron aprobadas sin modificaciones sustanciales con respecto al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de enero. El texto de la disposición no se conocerá, sin embargo, hasta que sea remitido al Congreso. El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual y la Audiencia Nacional.

El Gobierno ha dado luz verde a la tramitación el texto de las descargas ilegales después de conocer los informes de diversas instituciones consultivas que informaron sobre el texto de la disposición adicional. Para el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno no ha tenido en cuenta la "importante carga de trabajo" adicional que supondría para los juzgados afectados atajar las descargas ilegales en la Red. Sin embargo, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, minimizó esta misma semana los efectos de la ley sobre los juzgados de lo contencioso administrativo que, según admitió, ya se encuentran saturados. 

Por su parte, la Fiscalía General del Estado fue más allá al calificar de "dudoso" que la protección intelectual deba ponerse a la misma altura que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.  Criticó, asimismo, que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual al mismo nivel que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.

El anteproyecto de ley que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros contemplaba que sea la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional la encargada de decidir si se cerraba una página web que infrinja los derechos de propiedad intelectual. Según la normativa prevista, el juez deberá decidir, mediante un proceso "ágil, eficaz y con las máximas garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web. La comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, será la encargada de investigar si se producen actos lesivos. Uno de los asuntos pendientes que todavía no se ha hecho público es la composición de dicha comisión.