El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible continúa su trámite parlamentario después de que el Pleno del Congreso rechazase las cinco enmiendas a la totalidad presentadas por PP, CiU, IU-ICV, UPyD y BNG. Al margen de estas enmiendas a la totalidad, se han discutido otras enmiendas parciales y posibles modificaciones del texto, pero poco se ha dedicado a debatir durante la sesión sobre uno de los capítulos que incluye la norma, la conocida como Ley Sinde, dedicada a la propiedad intelectual y que aparece sólo como un apartado en una ley muy amplia cuyo objetivo, según el Gobierno, es favorecer un cambio de modelo productivo en la economía española.

No parece que una y otra cosa tengan mucho que ver, pero quizás a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, le ha beneficiado que su proyecto se diluya entre tanta maraña de artículos y apartados. A grandes rasgos, la Ley Sinde pretende crear una comisión (que ya tiene incluso nombre: Comisión de Propiedad Intelectual), formada por un juez y representantes de los internautas, los creadores y el mundo de la tecnología, que decidirá sobre el cierre de páginas web que puedan vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Pese a que en un principio se planteó que la potestad para llevar a cabo esa clausura correspondiese únicamente a la Administración, posteriormente se introdujo la necesidad de que también una autoridad judicial estuviese implicada en el proceso. 

Pese a que la Ley Sinde ha suscitado un considerable rechazo tanto entre los internautas como entre muchos expertos, que aseguran que vulnera derechos fundamentales y que incluso podría contener aspectos anticonstitucionales, esas voces no se han escuchado en el Congreso de los Diputados. Sólo UPyD y BNG han mostrado su oposición frontal al proyecto, mientras que el PP, que ha asegurado que "criminaliza a los internautas", ha protestado contra la inclusión de la Ley Sinde en el proyecto de Economía Sostenible y no en una norma propia, ha pedido suprimir el canon digital y modificar la composición de la comisión que decidirá sobre el cierre de webs.