El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene previsto tomar declaración hoy a las cuatro personas detenidas en la operación anticorrupción llevada a cabo en la Real Federación Española de Fútbol, entre ellas al presidente del organismo, Ángel María Villar, y su hijo Gorka, abogado especializado en derecho deportivo. Según informan fuentes jurídicas, el magistrado al frente de la investigación interrogará igualmente al vicepresidente económico en la RFEF, Juan Padrón, y al secretario de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández Boussou, en el marco de la bautizada como operación Soule en la que se investigan las contraprestaciones por la celebración de partidos de la selección española de fútbol.

En la mañana de ayer, y en dependencias distintas de la Guardia Civil, en las localidades madrileñas de Las Rozas y Tres Cantos, Villar y su hijo se negaron a declarar ante los agentes del instituto armado, en tanto que por la tarde llegaron a Madrid los otros dos detenidos. Los cuatro pasarán hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, después de pernoctar en los calabozos de Tres Cantos.

Según fuentes del Instituto Armado, al menos siete despachos de los principales directivos de la RFEF quedaron precintados tras la personación en las instalaciones de la UCO. Los agentes también requirieron información y tomaron declaración a directivos en otras federaciones como Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Las Palmas, Tenerife, Extremadura, Ceuta y Melilla, algunos de cuyos presidentes ya han declarado ante la UCO aunque no fueron detenidos. Se les permitía contratar con sociedades de su entorno o de su propiedad, con lo que, presuntamente, obtenían un beneficio propio e incluso desviaban fondos de la RFEF. La sospecha es que, a cambio, Villar se aseguró su apoyo en las sucesivas elecciones.

Los investigadores imputan los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. La operación se inició a principios de 2016 a raíz de una denuncia formulada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

En un comunicado, la Guardia Civil informó el martes de que la UCO había determinado que el presidente de la RFEF durante los últimos 30 años "pudo haber impulsado la celebración de partidos entre la Selección Española de Fútbol y otras selecciones, consiguiendo de esta manera contraprestaciones para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo, abogado especialista en derecho deportivo".

La UCO determinó que, por otra parte, el vicepresidente económico de la RFEF se habría excedido presuntamente en sus facultades de administración del patrimonio de la Federación, causando perjuicio a la misma.