Análisis

Infraestructuras en España y Andalucía

  • La comunidad autónoma tiene una gran carencia de infraestructuras si además del PIB tenemos en cuenta el territorio y la población

  • El autor anima a inversiones productivas

Infraestructuras en España y Andalucía

Infraestructuras en España y Andalucía

La reciente aprobación por el Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y el envío al Congreso para su debate ha puesto en pie de guerra a las comunidades autónomas con el Ejecutivo central, especialmente por el volumen y reparto de las partidas destinadas a infraestructuras entre las mismas.

No podía ser menos. En los Presupuestos para este año, la inversión en infraestructuras se reduce un 4,2%, unos 218 millones menos que el pasado año. En Andalucía, la inversión para este año será un 36% inferior que en 2016, lo que ha provocado la respuesta aireada de la Junta. Aplicando la norma que recoge el Estatuto -el peso de la población andaluza en el total nacional-, Andalucía debería recibir este año 390 millones adicionales. Esta demanda tiene su lógica en el juego político. Pero como hemos comentado en otras ocasiones, la aplicación de una regla de asignación distinta en cada comunidad, de manera que cada una elija la que más le beneficia, daría lugar a que la suma de las partes fuera superior al 100%, lo que resulta imposible y carece de toda racionalidad.

La pérdida de inversión en los Presupuestos del Estado de 2017 ha molestado a la JuntaEspaña detenta el liderazgo mundial en dotación en relación al PIB de cada país

En todo caso, no se debe juzgar la asignación y reparto de recursos públicos para los distintos territorios, por lo que recojan los presupuestos en un año. Hay que valorar la evolución histórica reciente y comparar las inversiones y el stock de capital con el que cada territorio está dotado, para juzgar su racionalidad.

Desde el punto de vista económico, el dato más relevante para valorar la dotación de infraestructuras de un territorio es el stock de capital público en relación con el PIB. ¿Dónde nos encontramos? Como podemos ver en el gráfico, la dotación de infraestructuras en España con relación al PIB es la mayor del mundo. Sólo Japón y Alemania presentaban valores superiores a principios de la década pasada, pero el intenso esfuerzo inversor público y privado antes de la crisis coloca hoy a España con mejor dotación relativa que el conjunto de la UE y mucho mejor que EEUU.

Esta posición de liderazgo de España a nivel internacional pone de manifiesto los efectos limitados que la dotación de infraestructuras públicas tiene sobre el crecimiento económico. Países con un PIB por habitante entre el 20% y el 30% superiores al nuestro presentan un nivel de infraestructuras inferior, lo que pone de manifiesto una intensidad de uso mucho mayor frente a España.

Y una pregunta que puede formularse es: ¿se trata de una infradotación de esas economías o de una sobredotación de la nuestra? No es fácil responder. En el caso de EEUU, todos los análisis realizados indican que una mayor inversión pública -especialmente, un mejor mantenimiento- puede contribuir a acelerar el crecimiento, porque su mal estado después de muchos años de abandono está deteriorando al propio capital privado y reduciendo el crecimiento de la productividad. Sin embargo, es dudoso que este efecto se produjera en el resto de países, dado que todos han superado el umbral mínimo de infraestructuras que mejora la actividad del sector privado, como indica la OCDE. España necesita usar con mayor intensidad lo que ya tiene, más que ampliar la actual red.

Si ése es el panorama a nivel internacional en relación con nuestra economía, ¿cómo estamos dentro de España?

En el gráfico podemos observar el peso del PIB y del stock de infraestructuras de las principales comunidades sobre el total nacional.

En todos los casos, los territorios con un PIB por habitante inferior a la media nacional detentan un stock de infraestructuras superior a la media. Lo contrario sucede con las más ricas. La aportación al PIB de la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Cataluña y, especialmente, Madrid, son superiores al stock de infraestructuras en sus respectivos territorios en relación con el total nacional.

La elección del PIB como referencia para calcular la dotación relativa de infraestructuras, obedece a que es el mejor indicador para medir la actividad económica en un territorio. Sin embargo, otros indicadores -población o superficie- indican una menor dotación relativa en Andalucía, lo que conduce a una matización relevante sobre la sobredotación que se obtiene calculando sólo la aportación al PIB.

Pero esa matización no debe conducir a la conclusión de que hay grandes necesidades de infraestructuras. Esto no es cierto ni para España -como hemos visto en la comparación internacional- ni para las comunidades autónomas. No obstante, no impide reconocer que existen algunos cuellos de botella en las infraestructuras que obstaculizan un mayor crecimiento. Pero hay que señalarlas específicamente y justificarlas.

Hay que tener en cuenta que, más infraestructuras, si no aumentan la productividad de los factores, suponen a medio y largo plazo una rémora, porque la aportación adicional al crecimiento es menor que los costes de mantenimiento de las mismas.

Por lo demás, lo que los datos nos indican es que en Andalucía, y en otras comunidades, el mayor déficit se registra en el volumen de capital privado. Este es insuficiente y está orientado hacia actividades económicas menos productivas que en otros territorios. Un dato nos orienta. La producción por empleado en Andalucía representa el 90% de la media nacional, lo que supone un dato mejor que el PIB o la renta por habitante, aunque insuficiente.

Necesitamos que la inversión privada se oriente en mayor medida hacia actividades más productivas y, sobre todo, muchas más empresas y empresarios. El mejor papel que puede jugar las Administraciones, es el de atraer empresas de sectores más productivos y mantener mejor -más que ampliar- la actual dotación de infraestructuras públicas.

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