Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 pasan a partir del próximo lunes el primer examen del Congreso con las comparecencias de unos setenta altos cargos sin que, de momento, el Gobierno haya conseguido los apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas públicas.

Por ahora, el PP suma los votos de Ciudadanos, Coalición Canaria y UPN, pero todavía debe cerrar un acuerdo con sus socios electorales de Foro Asturias y sobre todo con el PNV.

Sólo así el Gobierno amarraría 175 votos del Congreso y se garantizaría el rechazo de las enmiendas a la totalidad anunciadas por el PSOE y Unidos Podemos en el primer debate presupuestario ante el pleno, previsto para el 3 y 4 de mayo.

Un empate a 175 votos permitiría que los vetos -que se votan todos juntos- decaigan en tercera votación, lo que dejaría el camino libre para que los presupuestos continuaran su tramitación parlamentaria ya en la fase de enmiendas parciales.

Y es que el PNV, con sus cinco diputados, continúa sin dar el "sí quiero" a las cuentas del Ejecutivo aunque ha expresado su "modesto y moderado optimismo" sobre la negociación al constatar "un cambio de actitud" en el PP. Hay "avances" en asuntos como la Variante Sur Ferroviaria del puerto de Bilbao y la llegada del tren de alta velocidad en las tres capitales vascas, así como con la retirada de los recursos presentados por el Estado contra la oferta de empleo de la Ertzaintza y la ley municipal. No obstante, según alerta el PNV, todavía se mantienen discrepancias sobre el montante del Cupo vasco que se paga al Estado por las competencias no transferidas.

Ciudadanos, el principal socio del PP para sacar adelante estas cuentas, defiende unos presupuestos que contemplan una inversión pública "mayor de la esperada" y con un compromiso de 4.100 millones para políticas activas de empleo, ayudas a los autónomos o contra la pobreza infantil. El líder de Ciudadanoss, Albert Rivera, reconocía hace unos días que se siente reflejado en los presupuestos y, por eso, su partido no tiene previsto presentar un gran número de enmiendas parciales más allá de algún pequeño retoque. Enmiendas que estarían destinadas a nuevas inversiones para los gobiernos autonómicos y locales pero sin que estas iniciativas supongan un incremento del gasto público en unas cuentas que ya han pactado con el Gobierno.