Las defensas de los ex presidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato han reiterado este viernes que las pruebas han sido "manipuladas y empleadas de manera indebida", y han cargado contra el FROB y Bankia, acusaciones particulares en el juicio contra los 65 usuarios de tarjetas opacas, por disputarse en exclusiva el perjuicio de las black.

Ambos letrados han coincidido en que no ha quedado acreditada ni la apropiación indebida ni la presunta administración desleal achacadas a sus representados, ya que la principal prueba del caso, la hoja excel con los gastos, no es más que un "acto de voluntad" de Bankia que, pese a contar con toda la documentación "no ha jugado todas sus cartas porque no ha querido".

El abogado de Blesa, Carlos Aguilar, ha cargado en su exposición ante la sección cuarta de la sala de lo Penal contra el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) y la entidad por iniciar un proceso "oscuro" con el que han pretendido antes de enjuiciarlos "cortar la cabeza" a los ahora acusados, que se enfrentan a penas de entre seis años y doce meses de prisión.

Una muestra de "mala fe" con la que ambas acusaciones han pretendido "cercenar" el sistema de las tarjetas, en marcha "durante 23 años", al revestirlo de "clandestino" cuando era "conocido por todos, tenía su propio circuito y se contabilizaba siempre de la misma forma, que era perfectamente accesible", según la fuente.

Aguilar ha dicho al tribunal, que preside la juez Ángela Murillo, que el ex presidente de la caja entre 1988 y 1996 Jaime Terceiro, "no respetó la verdad" cuando dijo que las visas sólo tuvieron número PIN después de su mandato, cuando se envilecieron.

Ha insistido en que los usuarios podían disponer de sus tarjetas para sacar efectivo "desde el primer día" sin que nadie, ni el entonces secretario de la entidad, Ángel Montero, les dijera que tenían que justificar los cargos o que los gastos fueran "prudentes y de austeridad franciscana".

Asimismo, ha descartado la "conspiración del silencio" que, en su opinión, sostienen las acusaciones al carecer de sentido que tanto la Agencia Tributaria como el Banco de España pudieran estar al tanto del delito, y que "ha arruinado la vida" a los ex consejeros y ex directivos. Unos argumentos suscritos por el abogado de Rato, Ignacio Ayala, que ha atacado la "inseguridad e incapacidad" del FROB y Bankia, que no han podido ponerse de acuerdo sobre quién es el legítimo perjudicado de la causa, y a las que ha afeado que hayan 

El juez pide a los peritos nueva opinión sobre las cuentas 

El juez Andreu ha solicitado a los peritos judiciales que vuelvan a pronunciarse sobre las cuentas de la entidad en el momento de su salida a Bolsa en 2011, lo que afectaría a las provisiones con las que contaba para afrontar posibles deterioros.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado insta a los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez para que comuniquen si procede la "ampliación, modificación, aclaración o corrección" del informe definitivo remitido al juzgado el pasado marzo en el que señalaban que el debut bursátil fue "fraudulento".

Según el documento elaborado por ambos inspectores, cedidos por el Banco de España, la operación fue "fraudulenta" ya que las cuentas del grupo desde su constitución hasta la reformulación tras la dimisión de Rodrigo Rato no expresaban su imagen fiel.

En concreto, destacaron que los estados financieros recogidos en el folleto no coincidían con la realidad al reflejar unas provisiones para insolvencias de 6.913 millones de euros que consideraron "falsas".

"En los estados financieros consolidados de Bankia a 30 de junio de 2011 y sucesivos el ajuste de valor razonable del SIP se disfraza como provisiones por insolvencias, lo que es un claro caso de fraude contable", sentenciaron entonces los peritos judiciales, que ahora deberán revisar unas conclusiones que ni los investigados ni el propio Banco de España comparten.

En la providencia, el juez ampara su decisión en las últimas pruebas practicadas; en concreto, se refiere a las comparecencias tanto de Deloitte como de su socio auditor, Francisco Celma, que el pasado junio defendió su labor en Bankia e insistió en que las provisiones específicas pendientes de asignación, el "colchón" de la entidad, eran más que suficientes.

Pero además Andreu también da la opción a los peritos de que valoren su informe después de conocer las declaraciones de los miembros de la dirección general de Supervisión y Regulación del Banco de España, cuyos inspectores Pedro González y Pedro Comín ratificaron que Bankia disponía de suficientes provisiones.

Una versión también certificada por el inspector José Antonio Casaus, quien no obstante señaló que pese a disponer de tal colchón el grupo BFA-Bankia era inviable en diciembre de 2010, meses antes de la salida a Bolsa de la entidad.

La última versión del informe será decisiva para que la Audiencia Nacional concluya la instrucción del caso, iniciada en 2012, y decida si abre juicio oral y sienta en el banquillo a la antigua cúpula de Bankia, encabezada por su ex presidente Rodrigo Rato, que podría enfrentarse a penas de hasta 6 años de cárcel.