Este cierre de empresas se está cebando con los sectores de la construcción y telecomunicaciones y con las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Cataluña, que albergaron el 49% de las disoluciones en 2007.

Además, el 80% de los empresarios que cerraron una sociedad dejaron cuestiones legales sin resolver relacionadas con despidos de trabajadores, cuentas pendientes con Hacienda y la Seguridad Social, liquidación de deudas con proveedores y contratos de arrendamientos.

Estas cuestiones, añade la firma, acaban suponiendo importantes problemas a largo plazo para el empresario e incluso pueden afectar a su patrimonio, aún disponiendo de una sociedad de responsabilidad limitada.