Antonio Fontaneda, condenado a 3 años y 8 meses de prisión por estafa

  • El promotor artístico, ya en la cárcel por malversación de caudales, ha sido condenado por una estafa de 7,7 millones de euros que afectó en 1999 a más de 250 pequeños inversores

Antonio Fontaneda Martínez ha sido condenado hoy a tres años y ocho meses de prisión como autor de una estafa por valor de 7,7 millones de euros que afectó en el año 1999 a más de 250 pequeños inversores, tras el acuerdo alcanzado antes de iniciarse el juicio entre fiscal y abogado.

El promotor artístico, que actualmente cumple condena en la cárcel de Pamplona por un delito de malversación de caudales, deberá además pagar una multa de diez meses, a razón de seis euros diarios.

Todas las partes personadas en la causa se han adherido a la decisión del fiscal, que le ha aplicado la "atenuante analógica" por "dilatación de la causa", ya que ésta fue incoada el 21 de septiembre de 1999, con lo cual se ha alargado nueve años "por causas no imputables al acusado".

Por ello, el fiscal ha rebajado su pena de los seis años de cárcel solicitados en un principio a los tres años y ocho meses de prisión a los que finalmente ha sido condenado al haber mostrado el acusado su conformidad.

Este acuerdo no afecta sin embargo al socio de Fontaneda, Manuel Cid Conde, cuyo juicio ha comenzado en la Audiencia Provincial de Navarra y para quien el fiscal pide seis años de cárcel por haber convencido a pequeños inversores de Guipúzcoa, Navarra, Madrid y Marbella, para que invirtieran sus ahorros en una empresa propiedad de ambos a cambio de elevados intereses, que luego no pagaron.

Así, Antonio Fontaneda y Cid Conde consiguieron apoderarse de 7,7 millones de euros, alrededor de 2.500 millones de pesetas, de los que adeudan más de 1.300 millones de pesetas.

Además de Cid Conde están siendo juzgados Juan Pedro Echarri, ex director del Banco Guipuzcoano; Jesús Adolfo Guallar y Rául Martínez Palacios, hijo de Fontaneda, quienes están imputados por las acusaciones particulares como presuntos autores de un delito de estafa, aunque que el fiscal reclama para ellos la libre absolución-

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