La Fiscalía pide paralizar la actividad del PCTV mientras se decide su ilegalización

  • La demanda presentada para ilegalizar al partido abertzale solicita que se suspenda su actividad política, se cierren las sedes y se le prohiba concurrir a las elecciones del 9-M

La Fiscalía ha presentado hoy ante la denominada Sala del 61 de Tribunal Supremo una demanda instando la ilegalización y posterior disolución del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por vulnerar la Ley de Partidos Políticos, al considerarla continuadora de la ilegalizada Batasuna. El escrito solicita al Supremo que adopte medidas cautelares para evitar la presencia de esta formación en los comicios electorales del próximo 9 de marzo.

En concreto, la Fiscalía solicita al alto tribunal que, mientras resuelve si ilegaliza o no PCTV, que actualmente cuenta con nueve diputados en el Parlamento Vasco, proceda a la suspensión de la actividad política del partido, al cierre provisional de su sede y demás inmuebles que esté utilizando y que se le prohíba presentar candidaturas al 9-M. Pide además que se embarguen las cuentas bancarias de la formación.

La demanda ha sido interpuesta esta mañana ante la Sala del 61 por el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, si bien hora y media más tarde se ha visualizado esta iniciativa mediante la llegada a las puertas del alto tribunal del portavoz oficial de la Fiscalía y de un funcionario que portaba varias carpetas con copias de la demanda. 

Igualmente, han sido entregados en el Registro del Tribunal Supremo siete tomos de documentos y otras siete cajas que contienen el informe policial entregado la semana pasada al Ministerio Público con los indicios que relacionan a PCTV con Batasuna. En los próximos días se prevé la presentación de una demanda similar contra ANV, que cuenta con 437 concejales en diferentes consistorios del País Vasco y Navarra.


La importancia de Usúrbil

El documento instando la disolución de PCTV, de  doscientos folios, describe, en primer lugar, las pruebas sobre las que se apoya, obtenidas fundamentalmente a partir del registro efectuado por la Policía el pasado día 5 de octubre en la sede social de Usúrbil (Guipúzcoa). Estas pruebas han permitido desvelar, según la demanda, que existía "una estrecha colaboración entre el PCTV y la organización ilegal Batasuna", en el ámbito de la actividad política y, "sobre todo", en el económico.

A este respecto, se recogen en la demanda diversas pruebas que demuestran la relación habitual y el apoyo político que el partido demandado ha venido brindando a Batasuna, "facilitando a los miembros dirigentes de la Mesa Nacional de la organización ilegal el local de su propia sede social para que mantuvieran reuniones periódicas en el mismo" y poniendo a su disposición además su "presencia pública" a través del grupo que el partido demandado tiene en la Cámara Vasca.

A ello se une, según la Fiscalía General, el estrecho contacto que ha existido entre representantes del partido demandado y de Batasuna, "mediante sucesivas reuniones entre dirigentes de uno y otro partido para establecer estrategias políticas comunes".

Apoyo económico

Por lo que se refiere al apoyo económico entre Batasuna y PCTV, la Fiscalía detalla que en Usúrbil se halló un documento ejecutivo de fecha 13 de junio de 2007 que establecía las pautas para la creación de una caja común o única que sirviera para centralizar los ingresos y gastos de todas las estructuras de la Izquierda Abertzale, que englobaba tanto al PCTV como a ANV y también a Batasuna. 

Este sistema de caja común, según el Ministerio Público, permitió que los ingresos públicos procedentes de las diferentes Administraciones por el concepto de remuneraciones de sus representantes en la Cámara Vasca o de subvenciones al partido pasaran a integrarse en esta caja única. De esta caja, continúa la demanda, salieron  los fondos para la organización de mítines y demás actos de difusión pública por parte de los dirigentes de Batasuna.

Igualmente, consta acreditado que, al menos, una relación de hasta 49 personas, todas ellas dirigentes de la Mesa Nacional o cualificados miembros de Batasuna, estuvieron contratados por el partido demandado como asalariados, figurando de alta en la Seguridad Social y percibiendo mensualmente unas cantidades por el concepto de nómina.


Transferencias bancarias

Además, la investigación policial ha podido comprobar, según la demanda del fiscal,  cómo, procedentes de las cuentas de PCTV salieron hasta 21 transferencias de 27.000 euros cada una dirigidas a otras tantas cuyos titulares eran  personas laboralmente contratadas por el PCTV.

La demanda añade que se ha podido determinar que a finales de diciembre del pasado año, también desde las cuentas bancarias del partido demandado se realizaron, a través de internet, hasta 19 operaciones de transferencia por importe total de 197.000 euros a las cuentas bancarias de otros nueve dirigentes de Batasuna localizadas en el extranjero, concretamente en Bélgica y Francia.

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