España

Garzón señala a Camps y dice que la trama de Correa "se gestó en Génova"

  • El juez se inhibe en favor del TSJ de Valencia, acusa al presidente de la Generalitat de costearse trajes por 12.783 euros a cambio de adjudicaciones y halla indicios contra su mano derecha, Ricardo Costa

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar de Garzón asegura que la organización dirigida por Francisco Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova". Garzón hace esta afirmación en el auto en el que se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la operación Gürtel al haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat Francisco Camps y el diputado valenciano Ricardo Costa.

El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política". "Durante ese tiempo, 1996 a 2004 -añade el auto-, Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban".

Según Garzón, "para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos". No obstante, indica, los cambios en 2004-2005 "dentro de la dirección" del PP "provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas" de Correa, aunque éste "se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (Orange Market), cuyo responsable era el imputado Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes. Garzón acusa al presidente de la Generalitat valenciana de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market a cambio de adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 2009 por valor de cuatro millones de euros.

Según el juez, Camps acude a Madrid "a instancias" de El Bigotes con el fin de que adquirieran ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabaja el testigo José Tomás, persona de confianza de El Bigotes. En la contabilidad B del piso franco que esta red tenía en la calle Serrano de Madrid apareció una hoja de ingresos con un apunte fechado el 18 de diciembre de 2002 en el que figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma. Garzón subraya que de esa cantidad aparece el concepto PP VLC, al que se asocian 420.000 euros y que según el auto se distribuyeron "para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia". "No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones", apunta el juez en su auto, "por lo que esta entrega podría obedecer a una participación en la adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el concurso hacia la empresa que presente Correa".

El otro implicado es el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, la mano derecha de Camps tanto en el partido como en Las Cortes Valencianas, donde ejerce de portavoz del Grupo Popular. Nació en Castellón en 1972 y es hermano de Juan Costa, que fue ministro en el Gobierno de José María Aznar.

Ricardo Costa negó todas las acusaciones que se le imputan y afirmó que son "infundadas".

Asimismo, advirtió que emprenderán acciones legales contra aquellos que han realizado las acusaciones y "han mancillado" el nombre de su partido.

El responsable popular añadió que tanto él como Camps están "sorprendidos, indignados y asombrados" por esta situación y manifestó que colaborará plenamente con la Justicia a la que piden "rapidez y diligencia".

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