El Gobierno destina 155 millones de euros para las víctimas del 11-M

  • Esta cantidad forma parte del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones presupuestarias cuya aplicación ha autorizado el Consejo de Ministros, por importe de 568.429.726 euros.

El Gobierno ha acordado destinar 155 millones de euros para pagar las indemnizaciones y compensaciones a las víctimas del 11-M que fueron establecidas en la sentencia por los atentados terroristas, de acuerdo con la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

Esta cantidad forma parte del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones presupuestarias cuya aplicación ha autorizado el Consejo de Ministros, por importe de 568.429.726,54 euros.

Las indemnizaciones de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004, en ejecución de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 2007, se incluyen, junto a otras compensaciones derivadas de diferentes sentencias penales que fijan responsabilidades civiles a favor de las víctimas, dentro del capítulo del Fondo de Contingencia destinado a la financiación de ampliaciones de crédito para cubrir las obligaciones del Estado.

También se destinarán 19.618.000,53 euros a la prevención, investigación y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y otros fines, según lo previsto en la Ley por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por el tráfico ilícito de estupefacientes y otros delitos relacionados.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 415.774,82 euros, para financiar un crédito extraordinario destinado a pagar las indemnizaciones fijadas en varias sentencias de la Audiencia Nacional relacionadas con el síndrome tóxico, en las que el Estado fue declarado responsable civil subsidiario.

Los pasados 30 de mayo de 2007 y 12 de febrero de 2008 la Audiencia Nacional dictó varias sentencias en las que reconoció el derecho a ser indemnizados a algunos afectados que habían quedado excluidos de la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 1997, que fue la que estableció la responsabilidad patrimonial del Estado.

Un Real Decreto Ley de 1999 reconoció a los afectados por el síndrome tóxico el derecho a ser indemnizados por dicha responsabilidad.

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