Andalucía, Murcia, Canarias y Valencia firman un acuerdo para proteger al tomate español

  • Las comunidades que concentran el 90% de la producción española exigirán que el principal productor de la UE no resulte dañado por la revisión del acuerdo de asociación con Marruecos

Las comunidades que concentran el 90% de la producción española de tomate han firmado una declaración para exigir que el principal productor de la UE no resulte dañado por la revisión del acuerdo de asociación con Marruecos, que en Andalucía supondría una caída de la renta agraria del 12 por ciento.

Al acto han asistido el consejero andaluz de Agricultura y Pesca, Martín Soler, sus homólogos en Canarias y Murcia, María del Pilar Merino y Antonio Cerdá respectivamente y Manuel Laínez, director general de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Valencia.

Los presentes en el acto han elogiado la iniciativa de Soler, de la que han destacado su "necesidad" e "importancia" para un sector en el que España es líder en la Unión Europea en producción, con 2,37 millones de toneladas, y en exportación, con 884.000 toneladas destinadas a la venta en los mercados comunitarios entre enero y noviembre de 2008.

La declaración ratificada incluye siete peticiones en defensa del sector, acordadas por las cuatro comunidades presentes hoy en Almería, que copan el 90 por ciento de la producción española de tomate y prácticamente el cien por cien de su exportación y que exigen que de la revisión de este acuerdo, que se encuentra en parada técnica, no se derive perjuicio alguno para sus intereses.

El texto refrendado exige de este modo que no se realicen más "concesiones" a Marruecos, que no se permita que los contingentes pasen a distribuirse trimestralmente y que se unifique el método de establecimiento del precio de entrada para garantizar la transparencia de las transacciones.

Incluye además la necesidad de potenciar los controles aduaneros para garantizar el cumplimiento de los acuerdos por parte de Marruecos, así como la petición de que se intensifiquen los controles fitosanitarios de la mercancía de terceros países.

Además de exigir a Bruselas reciprocidad en lo que atañe a las condiciones de producción de estos países, los representantes de las cuatro comunidades instan a que se realicen estudios sobre el potencial productivo marroquí y sobre la necesidad de diversificación productiva y de cooperación entre ambas orillas del Mediterráneo.

En el último punto de la declaración se acuerda informar de estas reivindicaciones a la administración central, en concreto a los ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de Exteriores y de Industria, a cuyos titulares se remitirá el documento.

Los presentes han coincidido en la necesidad de luchar "hasta el final" por los intereses de un sector "estratégico y necesario" que se encuentra en una situación de "asfixia" que, de liberalizarse el mercado, se convertirá en "irreversible", ha dicho Cerdá.

En concreto, una posible desaparición del tomate de la producción andaluza produciría un impacto «brutal» al acarrear una pérdida de renta agraria de entre el 12 y el 15 por ciento, según ha detallado el consejero andaluz.

Además de señalar que la declaración consensuada recoge "las aspiraciones y reivindicaciones" del sector, que en las últimas semanas ha protagonizado numerosos actos de protesta, los firmantes del documento han criticado la falta de controles de los contingentes por parte de la UE.

En este sentido, han afirmado que, hasta el 25 de febrero, habían entrado a la UE 220.000 toneladas de tomate marroquí, cuando lo acordado para este país hasta mediados de mayo era 185.000 toneladas.

También han enfatizado la necesidad de extender a los terceros países los mismos criterios de calidad que se exigen a los productores españoles, en cuyo interés estas cuatro comunidades han iniciado una postura reivindicativa «fuerte» que no deje el futuro de este sector «estratégico al libre albedrío» de lo que se decida en Bruselas.

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