La Unión General de Trabajadores considera necesario que las Administraciones Públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental a los contratos que realizan, tanto en el criterio de selección, como en la adjudicación y en su ejecución, y garantizar condiciones laborales y de vida dignas. La Ley de Contratos del Estado, cuyo proyecto de ley está en tramitación parlamentaria, tiene que impedir que las empresas pujen en condiciones de baja temeraria a costa de los trabajadores porque, entre otras cuestiones, marcan de forma directa o indirecta el desarrollo socioeconómico de este país. No se trata de echar balones fuera, porque deben velar por su compromiso público y no permitir la explotación laboral en los contratos que se realizan dentro de la Administración.

La contratación del sector público moviliza más del 15% del PIB y su acción repercute de forma directa e indirecta en el desarrollo socioeconómico y político del país. UGT considera que su regulación es un instrumento fundamental no solo para impulsar un modelo de Administración Pública, sino un modelo productivo y un modelo de sociedad.

Es por esto que la nueva Ley de Contratos del Estado, cuyo proyecto de ley que se encuentra en trámite parlamentario, debería incluir la obligatoriedad de que los contratos de las administraciones públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medio ambiental, tanto como criterio de selección del contratista, como de la adjudicación de los contratos y como exigencia de ejecución.

Es por esto que la nueva Ley de Contratos del Estado, cuyo proyecto de ley que se encuentra en trámite parlamentario, debería incluir la obligatoriedad de que los contratos de las administraciones públicas incorporen cláusulas de contenido social, laboral y medio ambiental, tanto como criterio de selección del contratista, como de la adjudicación de los contratos y como exigencia de ejecución.