La situación en Afganistán tras 2008

  • El Gobierno de Kabul no ha logrado implantar todavía su autoridad en las regiones donde persisten las lealtades tribales y señoriales.

FÉLIX ARTEAGA

Investigador Principal

en Seguridad y Defensa.

Real Instituto Elcano

Durante 2008 se ha deteriorado la seguridad en Afganistán debido a la proliferación de ataques y atentados de los grupos insurgentes talibán que actúan al sur y al este, de los grupos pastún en el noroeste, de los grupos islamistas y voluntarios de Al-Qaeda en torno a Kabul y en la frontera paquistaní y de otros grupos tribales y bandas criminales que actúan por todo el territorio en un número aproximado de 1.800. La cantidad de incidentes ha crecido significativamente a partir de 2006 hasta alcanzar la cifra de 900 incidentes en junio de 2008, frente a los 700 de junio de 2007, 450 en junio de 2006 y unos 100 en el mismo mes de los años anteriores.

La Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) liderada por la OTAN dispone de unos 53.000 soldados a los que hay que añadir los 12.000 desplegados en la operación Libertad Duradera liderada por Estados Unidos y sus aliados. Los insurgentes no pueden derrotarlos en combate abierto, por lo que recurren a enfrentamientos asimétricos que causaron 3.800 víctimas en los primeros ocho meses de 2008, de los cuales 1.445 fueron civiles debidos en un 55 por ciento a las acciones antigubernamentales –551 mediante explosivos– y en un 40 por ciento a las progubernamentales –393 como resultado de acciones aéreas– según fuentes de Naciones Unidas.

La OTAN aprobó en su Cumbre de abril de 2008 en Bucarest un Plan Estratégico Político Militar para reorientar la estrategia, fomentar el control político sobre el militar, equilibrar los objetivos civiles y militares y reducir las víctimas civiles. La necesidad de contrarrestar la violencia con más tropas ha llevado a Francia, Polonia, Alemania e Italia a anunciar envíos adicionales pero persisten los problemas de coordinación entre las dos operaciones militares y las diferencias sobre el empleo de la fuerza entre los contingentes. Se sigue haciendo un esfuerzo para dejar la seguridad en manos del Ejército Nacional y de la Policía Nacional afganas. El primero ha incrementado su participación en los combates y dispone de 58.000 soldados pero sólo el 2 por ciento de sus unidades es autosuficiente mientras que el 36 por ciento precisa ayuda internacional y el resto no está en condiciones de cumplir sus misiones, por lo que en 2008 se aprobó su ampliación hasta 112.000 en 2012 y se intensificaron las tareas de su formación. La Policía cuenta con 82.000 miembros pero progresa más lentamente debido al mayor riesgo que corren: 1.119 bajas en el último año, la dificultad de su formación, la carencia de equipamiento y el bajo salario que reciben: unos 100 dólares mensuales frente a casi el doble de los soldados que se comprometen a largo plazo.

En 2008 se han producido algunos avances normativos en la lucha contra la corrupción pero ésta sigue instalada (según Transparencia Internacional, Aganistán es el cuarto país más corrupto del mundo) y afecta a la credibilidad del gobierno y de instituciones tan necesarias como el sistema judicial y el policial. El Gobierno de Kabul sigue sin implantar su autoridad en las zonas regionales y locales donde proliferan las lealtades tribales y señoriales, por lo que en 2008 se discutió la conveniencia de llegar a acuerdos en esos territorios o, incluso, de negociar con los talibanes más moderados. La colaboración regional resulta necesaria para la estabilización pero el nuevo Gobierno paquistaní tiene dificultades internas para luchar contra el terrorismo y controlar sus fronteras, con lo que en 2008 se produjeron los primeros ataques aéreos estadounidenses sobre los santuarios del otro lado de la frontera.

La situación económica y social ha mejorado pese a que Afganistán sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. El PIB ha ido creciendo un 11 por ciento de media desde 2002 según el FMI y el 80 por ciento de la población tiene acceso a la atención médica pero la pobreza afecta al 42 por ciento de la población, el 70 por ciento está en paro, el 80 por ciento no tiene acceso a la electricidad y los ingresos locales sólo cubren el 20 por ciento de los presupuestos. En estas condiciones, la droga es la base de la economía informal y sufraga gran parte de las actividades insurgentes y criminales. La comunidad internacional aporta fondos y programas para que Afganistán avance hacia el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, como los 21 miles de millones de dólares acordados en la Conferencia de París de 2008 para realizar las prioridades del Gobierno en infraestructuras, gobernanza, estado de derecho y derechos humanos recogidos en la Estrategia de Desarrollo Nacional de Afganistán hasta 2012. La oferta de servicios críticos a la población es un objetivo estratégico porque de ello depende la confianza o el recelo de la población en el Gobierno y en la ayuda internacional, de ahí que la insurgencia y los terroristas ataquen deliberadamente a las organizaciones humanitarias y de la misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

Las perspectivas de futuro dependen de la percepción que tenga la población de la asistencia internacional y del funcionamiento de las instituciones. El objetivo de los enfrentamientos no es el de decidir militarmente el conflicto sino el de ganar una batalla de comunicación en la que los insurgentes tratan de demostrar que no hay progreso en la reconstrucción. Contra ello, los Estados que colaboran con la OTAN deberán reforzar sus capacidades militares si quieren aumentar su seguridad y la de la población, ya que de otra manera se acabarían aislando en sus propios acuartelamientos. Por su parte, las tropas que participan en la operación Libertad Duradera aumentarán sus acciones contra la insurgencia acompañando a las fuerzas de seguridad afganas para que vayan adquiriendo confianza en sí mismas y experiencia de combate, tal y como hizo su jefe actual, el general David Petraeus, en Irak con éxito. El previsible incremento de la seguridad no servirá para mucho si no mejoran las condiciones de vida y la ayuda internacional no consigue convencer al pueblo afgano de que está en Afganistán para quedarse, dar una oportunidad al desarrollo y preservar su seguridad. Mientras que la población perciba que está mejor con el Gobierno elegido y con la presencia internacional que lo estaba bajo los talibán y que hay posibilidades de que la situación mejore, dará la espalda a la insurgencia. Si el balance no mejora y crece la duda sobre el futuro, volverá la espalda a quienes están tratando de ayudarles.

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