AHORA que se está planteando la financiación autónomica, sería el momento de fijar simultáneamente un nuevo modelo de financiación de los Entes Locales, de forma que la atribución de nuevas funciones a los Municipios que están llevando a cabo los llamados Estatutos de Autonomía de "segunda generación" se produzca con Leyes que vayan acompañadas de una memoria económica y de las vías de financiación adecuadas para que las haciendas locales cuenten con recursos suficientes para el ejercicio de las nuevas competencias asumidas.

El actual escenario económico muestra que las turbulencias financieras, la contracción excesiva de la oferta crediticia y de las líneas de descuento como "sobrerreacción" por parte de la banca ante los riesgos de sus clientes, están causando un perverso efecto dominó: concurso de acreedores de empresas, incremento del desempleo (rozando los 3.500.000 parados), descenso del consumo y venta de vehículos y la paralización de la construcción y transacciones inmobiliarias por falta de hipotecas.

Han disminuido también las cesiones a los Ayuntamientos por aprovechamientos urbanísticos lucrativos al haber menos desarrollos y la Ley prohíbe las subastas públicas al alza de suelo municipal destinadas a gasto corriente, puesto que los recursos procedentes del urbanismo tendrán las finalidades del patrimonio municipal del suelo.

Y si a esta minoración de ingresos añadimos que los Municipios cubren competencias "impropias" no financiadas, por ser la Administración más próxima al ciudadano, y que los "salvavidas" de la crisis (rehabilitación, VPO y licitación de obra pública) no acaban de despegar, nos encontramos una situación de auténtica asfixia financiera que podría llegar incluso a mermar la calidad de los servicios públicos. La casi totalidad de los más de 8.000 Municipios españoles empiezan a presentar problemas de tesorería y demora en los pagos a proveedores y concesionarios e incluso retrasos en las nóminas de los Funcionarios.

Ante la notable reducción recaudatoria, el incremento de los gastos corrientes, el crecimiento en las compras de suministros y el lastre del déficit presupuestario, es inaplazable una nueva Ley de Régimen Local y un nuevo modelo que contemple una financiación municipal adecuada y suficiente para las competencias reales, asegurando la participación de las Entidades Locales en los ingresos de las CC.AA, avanzando en la segunda descentralización y aumento en los tributos estatales, incorporando recursos adicionales sin más presión fiscal ni recurriendo al endeudamiento. También ha de avanzarse optimización de la gestión presupuestaria e intensificación de los mecanismos de inspección para evitar fraude y deslocalización fiscal.

Ante este panorama tan poco optimista a corto plazo resulta bienvenido el plan anticrisis estatal, aunque llegue un poco tarde y quizá precisare de actuaciones estructurales profundas más que coyunturales para las mengüantes arcas municipales. El RDL 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión Local, dotará a los Municipios con un fondo de 8.000 millones de Euros para la ejecución de obras de interés municipal urgentes que generen empleo.

Si bien merece juicio favorable que esta inyección de dinero público esté prevista para que se pongan en marcha sin dilación proyectos no consignados en los presupuestos municipales que no superen los 5 millones de Euros, acelerando fases, y que sea un balón de oxígeno para contratistas en apuros, se ha criticado la vinculación a que se contraten personas en situación de desempleo y que las prisas en la tramitación perjudicaren la calidad de las propuestas.

Se dinamizará así la economía con esta fórmula keynesiana a costa de incrementar el déficit público al financiarse con deuda pública, pero siempre será un mal menor ante la seria amenaza de una más grave recesión o deflación.