Vaya por delante que sé que a nadie le gusta pagar impuestos y que todavía hay quien puede pensar que los que paga, son excesivos. Pero dicho lo anterior, también somos conscientes de que lo público, los servicios que son de todos y a los que todos y todas podemos acceder, solo son posibles si los mantenemos entre el conjunto de la ciudadanía. Cuando me refiero a lo público, estoy hablando de nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, nuestras pensiones o nuestras carreteras y autovías. La lista puede ser tan larga como ejemplos queramos poner.

Todo eso, en gran medida, se paga con lo que aportamos a través de los impuestos y, por ello, todos y todas deberíamos sentir la responsabilidad de contribuir solidariamente para hacer posible una sociedad donde convivamos con unos niveles adecuados de igualdad. Llegados a este punto, la pregunta sería ¿Quién paga? o ¿Cuánto se paga? Para mí, lo justo es que quien tiene más, pague más; y quien tiene menos, aporte menos o nada.

Eso lo defendemos, de la misma manera, para todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente del territorio de España en donde vivan. Precisamente, así se lo hemos pedido esta semana a Rajoy desde Parlamento andaluz con el impuesto de sucesiones, para que de forma inmediata, en el ejercicio de sus competencias, elabore una normativa que permita la armonización del impuesto en nuestro país. Es decir, que garantice la igualdad de trato a la hora de pagar el impuesto de sucesiones entre todos los españoles. En estos últimos meses, quien más y quien menos ha oído hablar de ese ya famoso impuesto de Sucesiones; un impuesto estatal que, por otro lado, llevaba mucho tiempo entre nosotros sin que anteriormente hubiese adquirido semejante popularidad. Esta fama se la ha dado la derecha al utilizarlo de manera inadmisible para realizar una campaña llena de mentiras y falsedades, que en el fondo es un ataque en toda regla a lo público para defender lo privado.

En cualquier caso, y para que la derecha deje de hacer demagogia con un impuesto que puede eliminar Rajoy en el momento que quiera, le hemos pedido al Partido Popular que lleve al próximo Consejo de Ministros un decreto para suprimir este impuesto y que dote de la financiación adecuada a las comunidades autónomas para que puedan prestar los servicios públicos con la calidad y garantía que se merece la ciudadanía.