Desobediencia civil

Y se pervierte cuando los medios sirven a intereses partidistas o del mercado más alienante y banalizador

Ante la imposibilidad de materializar una democracia real y radical, dado que tanto el estado burocrático y el mercado capitalista son irreemplazables a día de hoy, Habermas -el último gran representante de la Escuela de Frankfurt- ha desarrollado desde principios de los noventa en sus escritos un conjunto de tesis iluminadoras de lo que debería ser una democracia "deliberativa". Su discurso general parte siempre de una premisa fundamental: la legitimidad del poder político no depende solo del apoyo electoral, sino de procesos de deliberación pública en los que los ciudadanos debaten y opinan sobre asuntos de interés general al margen de las instituciones del estado. Y estos procesos incluyen los movimientos de protesta, obviamente. Para ello, la sociedad civil tiene que poseer un alto nivel de cultura política, estar informada y activa y acostumbrada al ejercicio de las libertades. La tendencia del sistema -político y económico- es la contraria: usar los medios de comunicación para desinformar y manipular al ciudadano, despolitizándolo y reduciendo su papel exclusivamente al de votante cada cierto número de años. Habermas insiste en que la calidad elevada de una democracia depende del buen ejercicio de los medios de comunicación, por su influencia en el nivel racional y argumentativo de los ciudadanos. Y se pervierte cuando los medios sirven a intereses partidistas o del mercado más alienante y banalizador. A la luz de estas premisas, en un contexto de madurez democrática impensable aún para países como el nuestro, la desobediencia civil es una forma de protesta característica de las sociedades más avanzadas, que incluye manifestaciones con acciones ilegales pero pacíficas. Esto es así porque en una democracia las leyes no se legitiman exclusivamente por los parlamentos que las aprueban; necesitan del consentimiento de la población. La desobediencia civil es legítima porque permite un espacio para la protesta cuando los ciudadanos, con muy buenas razones, perciben la injusticia de ciertas leyes o mandatos. Los gobiernos suelen reaccionar con incomprensión hacia ella, pues, por lo general, no diferencian entre legalidad y legitimidad. No todo lo legal es legítimo, ni es legítimo solo lo que es legal.

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