EN el típico arrebato pendular que suelen aventar a su interés los medios de comunicación, la caótica situación de la Justicia, que no mereció ni una sola referencia en los debates políticos de hace un mes, ha pasado en un par de semanas a ocupar las primeras páginas y los sesudos comentarios de los profesionales de la opinión, como uno de los problemas más urgentes del país. Y ni hace un mes estábamos tan bien, ni desde hace un par de semanas, tan peor.

En los últimos años se han iniciado mejoras sustanciales, como la informatización y especialización de órganos judiciales, con Juzgados de lo mercantil o de familia, que pueden asumir mayor carga de trabajo en menor tiempo, aunque también es cierto que a la vez, han aparecido, por el auge de la judialización, serios desequilibrios en la estructura jurisdiccional y se han agudizado otros factores negativos que vienen ya de antiguo pendientes, siempre pendientes, de enmienda. Pero no basta con lamentarnos. Distinguir unos de otros es un reto inaplazable. Si no llegamos a ver con claridad la etiología del caos, seguiremos dando, y sufriendo, palos de ciego.

Creo que no se entiende bien por los responsables políticos, que la demanda de justicia no se solventa solo con conseguir que se dicten muchas sentencias, sino que la sociedad exige, cada vez más, que las mismas se construyan sobre argumentos coherentes, comprensibles y dentro de plazos razonables.

Y eso, no lo venimos logrando a pesar del heroico esfuerzo de muchos de los agentes implicados. Pero como no basta con lamentar, quizás algunos datos elementales nos den idea de donde venimos y donde estamos.

En los Presupuestos Generales de los últimos años, se destinan a Defensa unos ocho mil millones y a Justicia unos mil cuatrocientos, o sea el 1% del gasto público, cuando la media europea se sitúa en el 4,5%. Con un presupuesto tercermundista, no es fácil desarrollar una justicia moderna, créanme.

España es el único país de la Unión Europea donde un licenciado en derecho, sin más evaluación de experiencia, puede ejercer como Abogado. En los últimos diez años, se han colegiado en España más Abogados que en los cien años anteriores.

Y por si fuera poco, nuestro sistema de selección de Jueces y Fiscales valora solo la aptitud memorística pero prescinde de evaluar la capacidad de raciocinio y madurez de los candidatos. Un bombero, un policía o un piloto, tienen que acreditar el equilibrio de sus facultades mentales. Un Juez o un Abogado, no. Un político, tampoco. Y si falla algo, se expedienta al que le toque y ya está.