TAL día como hoy, pero hace treinta años, se constituía en Cádiz la Junta de Andalucía. Aquel 27 de mayo, un conocido juez, progresista y respetado entre los sectores de la oposición al franquismo, era elegido primer presidente de una entidad que nacía con "personalidad jurídica propia", aun cuando la incidencia política de la misma no vendría sino hasta 1982 con la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de nuestra historia. Culminábamos con éxito, por fin, aquel proceso al autogobierno que ya cercenó el golpe militar de 1936.

Nacido en Tánger en 1924, de padres con origen andaluz, Fernández Viagas realiza sus estudios primarios en esa ciudad y cursa Derecho en la Facultad hispalense. Con 21 años accede a la judicatura siendo nombrado en 1946 juez municipal con primer destino en Jerez de la Frontera, y más tarde, magistrado en diversas Audiencias canarias y andaluzas, hasta recalar en Sevilla en 1970.

Autodefinido como jurista socialista, en reiteradas ocasiones denunciará la supuesta neutralidad del Derecho y la reacción que suelen ocultar las llamadas al apoliticismo de la Judicatura. Las invocaciones a la independencia judicial, según él, no serían sino coartadas para eludir la responsabilidad política y el control democrático que el poder judicial debe tener. Fue promotor de Justicia Democrática, entidad progresista de juristas, a la que representó en clandestinidad dentro de la plataforma de oposición: Coordinadora Democrática de Andalucía, habiendo participado en el nacimiento de la Junta Democrática en julio de 1974. En 1976 se le condenaría por participar en una manifestación no autorizada, suspendiéndosele de empleo por tres meses.

Con la llegada de las primeras elecciones democráticas, en 1977, es elegido senador por la provincia de Sevilla dentro de las filas del PSOE, cargo donde resultará ser el representante andaluz que más votos recibe en dicha Cámara, responsabilidad política desde la que sería nombrado primer presidente de la Junta. Hombre trabajador, inspirador de respeto y consenso, al frente del primer gobierno de la Junta en su etapa preautonómica promueve el llamado Pacto Autonómico, suscrito el 4 de diciembre de 1978 entre once partidos políticos andaluces en la ciudad que le dará nombre -Antequera-, con objeto de alcanzar un Estatuto lo más rápido y lo más eficaz a partir de una estrategia conjunta y unánime entre los firmantes. Un acuerdo que, a diferencia de otro anterior valenciano, no concretó aún el artículo constitucional por el que deseaba lograr el autogobierno, pero que alcanzaría su máxima importancia política cuando en enero de 1980 UCD pretendió reconducir el proceso andaluz por la vía del artículo 143 de la Constitución.

Tras las elecciones de 1979 y una vez constituido el segundo gobierno de la Junta, Fernández Viagas centrará su labor política en el Senado, donde había adquirido notoriedad a través de intervenciones y aportaciones entre las que destacan la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la abolición de la pena de muerte, la Ley sobre secretos oficiales, la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de detención de jóvenes menores de dieciocho años, así como una interpelación relativa al ejercicio por parte de los Alcaldes de competencias de orden público y seguridad ciudadana. Deja la política activa el 14 de abril de 1980, siendo elegido el 23 de septiembre de 1980, por el Senado, miembro del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Más tarde, ocuparía puesto como magistrado en el Tribunal Constitucional.

Fue nombrado en sesión plenaria del 30 de noviembre de 1984 hijo adoptivo de la provincia por la Diputación de Sevilla, recibiendo también la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a título póstumo. La efemérides nos sitúa ante los orígenes de nuestra actual imagen como pueblo. Nunca Andalucía ha avanzado más en toda su historia que en estos últimos treinta años: pese a todas las críticas que se quieran, hemos alcanzado la categoría de Comunidad Autónoma dentro de una democracia que se asienta.

La labor política de Plácido, ya estudiada y publicada, en paralelo a esos primeros pasos de nuestra institución de autogobierno, no deben ser olvidados. Frente a olvidos imperdonables, el desvío intencionado de miradas y la fugacidad audiovisual, la historia nos aporta suficiente datos para calibrar con sentido crítico donde estuvimos, estamos o debiéramos de estar. Ese es el valor cívico de una ciencia a la que este investigador sirve un día de celebración para todos los andaluces.