La esquina

Fiasco audiovisual

TODOS los partidos democráticos creen en el pluralismo de los medios de comunicación públicos. Ninguno lo practica cuando tiene ocasión. En los programas electorales nunca falta el compromiso de desgubernamentalizar la radio y la televisión de propiedad pública. En cuanto se accede al poder lo que nunca falta es el control partidista de los medios, sea en el ámbito nacional, autonómico o local.

Para remediar esta manipulación se crearon los consejos audiovisuales: organismos independientes, integrados por profesionales de prestigio y con autoridad para sancionar a los gestores que vulneren la ley y le hagan cortes de manga al pluralismo, a la protección del menor, a la veracidad, etcétera. Esto es relativamente fácil en países con una cultura democrática asentada y en los que la independencia se reconoce como un valor que prestigia y da respetabilidad.

Nada de eso ocurre en Andalucía. Aquí se creó un Consejo Audiovisual. Sus integrantes los eligió el Parlamento -no se conoce fórmula menos mala- a propuesta de los partidos representados en su seno. Los partidos seleccionan a sus miembros en la confianza de que su prioridad será defender los intereses del partido que los propone, y lo peor es que muchos de los consejeros han aceptado ese papel desde el primer día. Buscaron para presidirlo a un catedrático relevante, Manuel Á. Vázquez Medel, que le daba brillo a la institución, y luego se han dedicado a hacerle la vida imposible, en especial quienes más obligados estaban a respaldarlo. Al Consejo Audiovisual, que es un órgano de extracción parlamentaria, lo hacen depender de la Consejería de Presidencia, que incluso rechazó el reglamento que el Consejo se había dado y le encasquetó otro. El Consejo apenas dispone de facultades sancionadoras, de modo que su mayor energía la consume en elaborar informes, dictámenes y recomendaciones. En cambio, el organismo está bien dotado presupuestariamente y los consejeros perciben unas remuneraciones y dietas bastante curiosas, de las que ningún partido pide, ni da, cuentas. El Consejo tiene poco poder e influencia en el sector audiovisual, que es lo que debería tener, pero cuesta demasiado a los contribuyentes.

Su balance de algo más de dos años es perfectamente anodino para Andalucía y enormemente frustrante para aquellos consejeros -empezando por el dimitido presidente- que se tomaron en serio el nuevo organismo. Poco pueden hacer frente a una mayoría que reproduce las disputas entre los partidos que los propusieron y una autoridad que no cree de veras en un Consejo Audiovisual de Andalucía comme il faût: con profesionales de prestigio que obren con independencia y trabajen sólo para que radios y televisiones cumplan su misión de servicio público.

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