Las últimas noticias que hemos conocido sobre la Línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia no han hecho sino confirmar una idea que nos rondaba a los almerienses en la cabeza: el Gobierno del Partido Popular no ha tenido en este tiempo ninguna intención de reiniciar las obras que el propio Rajoy paralizó nada más llegar a La Moncloa. La última bofetada que acabamos de recibir lo confirma y, a su vez, nos sitúa en el peor de los escenarios posibles: la empresa que debía construir el tramo del AVE entre Pulpí y Cuevas del Almanzora ha solicitado rescindir el contrato antes, incluso, de comenzar unas obras que fueron adjudicadas hace un año y medio. Con este despropósito, comienza la bautizada como 'legislatura del AVE'. Así ha sido denominada por el propio Partido Popular para mayor gloria de aquellos que pasarán a la historia justamente por lo contrario.

Los 40 millones de euros en los que fue adjudicado el tramo en cuestión a la empresa Sacyr -lo que supuso algo menos de la mitad del importe total de licitación, que se ofertó en 86,2 millones de euros- fue, ahora lo sabemos, el principio del fin para un proyecto de poco más de 12 kilómetros comprometido por la exministra de Fomento, Ana Pastor, con tan poco convencimiento como resultados se han obtenido. Además, esos 40 millones de euros que iba a costar este tramo - el único licitado en cinco años de gobierno del PP- procedían de una partida de 110 millones comprometida en los Presupuestos Generales del Estado de 2016.

Llegados a este punto, por mucho que se empeñe el Partido Popular en repetir todas las mentiras y responsabilidades que ha repartido para no asumir su culpa, la sociedad almeriense señala al Gobierno de Rajoy como único culpable de lo sucedido. Es intolerable que, a sabiendas de lo que podría ocurrir, el Ministerio de Fomento aceptara lo que a todas luces parecía una oferta de baja temeraria. Por lo tanto, si finalmente el Gobierno de Rajoy tuviese que licitar de nuevo la obra, tal y como parece ser que ocurrirá, estaríamos ante una de las mayores trampas cometidas por el PP contra nuestra provincia.

Por eso y porque realmente no le queda otra salida, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tiene que ofrecer urgentemente explicaciones públicas sobre lo ocurrido. Entre tanto, el PP debería pedir perdón a toda la sociedad almeriense por haber permitido este monumental fiasco.