DESDE el año 2003 ningún menor procedente de Marruecos ingresado en un centro de acogida de la Junta de Andalucía, tras entrar en españa irregularmente, ha sido devuelto a su casa. Actualmente son casi mil los niños y adolescentes de cuya manutención, tutela y formación se ha encargado la Comunidad Autónoma y que al llegar a la mayoría de edad no han regresado a Marruecos. Esta actividad solidaria de la Junta empieza a ser costosa y a superar las posibilidades presupuestarias de una Consejería, la de Igualdad y Asuntos Sociales, que debe atender a un número creciente de carencias del sector más necesitado de la población de Andalucía. El cuidado de estos niños supone un gasto de 70.000 euros diarios. Después de numerosas quejas, en la reunión bilateral España-Marruecos celebrada en Toledo en julio del pasado año, los representantes del Gobierno del país magrebí se comprometieron a reforzar el control de las fronteras para cortar el flujo de menores hacia territorio andaluz y a agilizar la resolución de los expedientes de los niños acogidos en los centros de la Junta. El compromiso ha quedado en nada en la práctica. El consulado de Marruecos en Andalucía argumenta que los niños ofrecen nombres falsos para no retornar haciendo imposible la localización de sus familias. La Consejería, por su parte, niega que los menores no acompañados procedan de familias desestructuradas, es decir, que muchos de ellos podrían, y deberían, regresar con sus familiares. Hace pocas semanas Rabat ha firmado un acuerdo de cooperación en materia de repatriación de menores que, cuando entre en vigor, debería suponer que las autoridades marroquíes contesten en el plazo de tres meses a las solicitudes de las españolas al respecto. El Gobierno español no debe bajar la guardia. Al contrario, tiene que presionar para que se resuelve este problema, que es de todos pero recae sobre las espaldas andaluzas.

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