Los andaluces han sido testigos estos días de la falta de sensibilidad del gobierno andaluz a ese clamor social existente en la calle para exigir la supresión del injusto impuesto de sucesiones y donaciones. Es triste e incluso indignante ver como se escapa esa oportunidad de acabar con el drama de muchas familias andaluzas que, a diario, tienen que renunciar a su herencia por no poder hacer frente al pago de este impuesto o tienen que hipotecarse y casi arruinarse para no perder el patrimonio familiar. Un drama que tiene detrás historias humanas desgarradoras, y llenas de dolor por perder todo aquello por lo que tanto lucharon sus padres. Basta con tener los pies en el suelo y prestar los oídos a la ciudadanía para entender que este impuesto recae sobre los ahorros de la clase trabajadora. No podemos tolerar que Andalucía siga privándoles de su pasado, expoliando su presente e hipotencado su futuro con esa postura firme del NO que ha implantado el gobierno de Susana Díaz a una reivindicación que hoy copa las calles y los debates de cualquier seno familiar.

Están luchando contra la incoherencia poniendo palos en las ruedas a demandas de la Plataforma Stop Sucesiones que son necesarias y de la que nos vamos a beneficiar todos tarde o temprano. Y en base a ello el PP ha vuelto a elevar al Parlamento una Proposición No de Ley para exigir la supresión del 99% del impuesto y dar solución con ello al problema de muchas familias andaluzas. Esta negativa vuelve a dejar patente que hacer frente a una herencia puede ser más doloroso si vives en el Sur o Norte del país. Pero, también, la falta de sensibilidad de un gobierno incapaz de escuchar y ponerse en la piel del ciudadano de a pie. Ese trabajador de clase medida al que están privando de los ahorros de sus padres. Los lamentos y la indignación de los que fuimos testigos en el Parlamento durante el debate de la iniciativa popular, procedentes de miembros de la Plataforma, son el reflejo de una realidad de la que el gobierno andaluz no quiere ni oír hablar. Ésta no es otra que el aumento en un 420% de renuncias de las herencias o casos reales de personas con nombre y apellidos que están ahí para recordarnos la injusticia, tales como el de una viuda dependiente que, recibiendo la parte de una herencia de 350.000 euros por el fallecimiento de su marido, tenga que pagar una cuota de 21.262 euros en Andalucía cuando en Madrid sólo pagaría 213 euros o 21 euros en Canarias.

Esa discriminación es la culpable de que 400.000 andaluces se muden o establezcan su residencia en Madrid cada año para no tener que pagar esta tasa y miles se haya visto obligados a renunciar a sus herencias, porque no pueden hacer frente al impuesto que pesa sobre ellas. Está claro que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones estamos penalizando el ahorro, la inversión y dando lugar a la pérdida de empleo y riqueza por la fuga de empresas y capitales.

Quizás, por ello, lo más frustrante es entender ese nuevo rechazo de la mayoría de izquierdas del Parlamento a la iniciativa presentada por Juanma Moreno para exigir que se suprima el 99% de la bonificación de este impuesto. Y doloroso es ver, más aún, como Andalucía vuelve a perder la oportunidad de acabar con el agravio, la discriminación, el abuso y la confiscación de un impuesto injusto que ya ha sido eliminado y bonificado en la mayoría de Comunidades.