No se entiende, no entiendo yo, por qué se propicia la publicación de información tergiversada, en todo caso inexacta, sobre la reclamación judicial de la propietaria de la parcela comercial de El Toyo, por la inadmisión del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo. Una inadmisión que según se ha reiterado, creo que sin rigor, daba el carpetazo y cerraba a favor del Consistorio (sic) uno de las procesos judiciales más temidos por la cuantía de la indemnización en juego. Y por los efectos, quizá en cadena, añado, para otros inversores en dicha urbanización, se derivarían caso de que se anulare la compraventa de tal parcela dados los graves incumplimientos urbanizadores del Ayuntamiento. Ni se entiende por tanto, el énfasis con que algún político, sin atenerse a los términos técnico-jurídicos y efectos reales de la resolución judicial, alardeaba de la finalización del conflicto judicial de marras.

No he intervenido en ese proceso, pero sí he conocido la resolución del Tribunal y a la vista de su tenor no creo que el Ayuntamiento pueda dar la reclamación por zanjada y mucho menos de forma definitiva. Porque el Supremo lo único que cierra con ella es una vía contencioso administrativa que -y eso es lo que confirma la inadmisión casacional-, no debió tramitarse en tal jurisdicción, que no era la competente ni para anular la compraventa ni para indemnizar a la entidad reclamante por los agravios postulados. Pero con ello lo que se abre seguida y seguramente es la vía civil sobre el fondo de la misma reclamación, vía que -caso de que la actora Joisan se decidiera, puesto que todos sus fundamentos legales de fondo, se mantienen imprejuzgados- volverá sin duda a generar no ya la misma, sino aún más justificada tensión municipal porque en el nuevo proceso, ya se analizará sin cortapisas procesales, la gestión promotora inmobiliaria de la última década y las promesas incumplidas en El Toyo. Y repárese que no aludo a la gestión municipal, sino a la gestión promotora munícipe, una gestión desmañada que se atrevieron a emprender unos políticos sin experiencia inmobiliaria ni empresarial, con una estructura burocrática no pensada ni dimensionada, y por ende incompetente, para una promoción de ese tipo. Eso sí, con dinero ajeno, con los recursos públicos. Así que si un día el negocio sale mal y toca pagar, adivinen quién soportará las indemnizaciones de El Toyo o la Emisa de turno.