Esta semana no ha podido comenzar de peor forma. Otra mujer ha sido asesinada por su pareja. En esta ocasión, en un municipio de Granada, y en presencia de su hijo. Con ella se elevan a cinco las víctimas de la violencia de género en Andalucía en lo que llevamos de año; 28 en todo el territorio nacional. En este asunto, las matemáticas deberían ser de utilidad para otras cuestiones. En lugar de sumar muertes, hay que sumar apoyos, políticas, iniciativas y medios para poner fin al terrorismo machista, porque crece. Este año un 47% más de mujeres asesinadas con respecto al período enero-junio de 2016. Con este desolador escenario, urge alcanzar un Pacto de Estado contra la violencia de género. Y cuando digo urge es que mañana es tarde. La maquinaria que sea precisa ha de ponerse a funcionar lo antes posible y no postergar más este debate. Pero hay que tener empeño y plasmarlo en los Presupuestos. El Gobierno de Mariano Rajoy no ha previsto invertir este año ni un euro para el referido pacto. Al contrario, ha reducido más el presupuesto para políticas de igualdad y contra la violencia de género. La Delegación del Gobierno para la Lucha contra la Violencia de Género mantiene un recorte del 8,68% sobre los últimos presupuestos del gobierno socialista de 2011. Así no se puede.

El Ministerio de Sanidad debería tomar buena nota de las medidas del Gobierno andaluz que proceden desde la más absoluta convicción de que la desigualdad se ha de combatir con acciones certeras. Así, entre las principales medidas que anunció la semana pasada la presidenta de la Junta de Andalucía en el Parlamento figura la puesta en marcha, en un plazo de tres meses, de un itinerario personalizado para menores víctimas de la violencia machista. La Junta se personará, además, en los casos de violencia machista con menores víctimas. Además, la nueva renta mínima de inserción social en Andalucía dará prioridad a las mujeres víctimas de violencia de género, una lacra que ha matado entre 2003 y 2016 a 871 mujeres y menores. Esto es actuar, no es teorizar. Como también lo es establecer cambios normativos. Así, el Gobierno andaluz aprobó el pasado año la modificación de la Ley contra la Violencia de Género que amplía el concepto de violencia de género más allá del ámbito de la pareja o expareja y extiende el concepto normativo de víctima a los hijos expuestos.