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Rafael Padilla

Sólo viento

EL reciente acuerdo alcanzado para facilitar la ampliación de los plazos de las hipotecas, suscrito entre los ministerios de Economía y Justicia y representantes del sistema financiero, notarios y registradores, se encuadra dentro de los que podríamos denominar la "política de grandes titulares", tan grata a un Gobierno que usa y abusa del efectismo -que no de la efectividad- en sus rimbombantes proyectos. Si uno tiene la curiosidad de leerse la letra pequeña del invento (basta para ello con consultar la Guía editada por el propio ministerio de Economía), de inmediato se dará cuenta de lo limitado de su alcance y de los muchos riesgos que implica para el agobiado deudor hipotecario. Muy lejos, desde luego, de ese pretendido objetivo de "impulsar la economía y proteger a las familias" que el mismo Solbes proclamaba en el acto de su firma.

De entrada, la ampliación del plazo de amortización exige un pacto entre cada cliente y su entidad de crédito. Esto es, no se articula una medida de aplicación general e inmediata, sino un marco normativo que exige el placet, si le conviene, del acreedor.

No afecta, por otra parte, a todo tipo de hipotecas, sino únicamente a aquéllas cuyos titulares sean personas físicas y recaigan sobre la adquisición de sus respectivas viviendas habituales. No, por contra, a las que graven otras viviendas, ni a supuestos diferentes de crédito con garantía hipotecaria. También quedan limitados el periodo de vigencia del acuerdo (dos años) y la identidad del prestamista ("entidades de crédito" y nunca otros operadores hoy habituales en el mercado).

Aun así, tampoco es que nos ofrezcan la panacea. Es cierto que se eliminan determinados gastos. Pero de ningún modo los nuevos intereses devengados, lo que, según cálculos fiables, puede representar un sobrecoste en torno al 60% del valor inicial del préstamo. A cambio, la cuota mensual se reducirá algo (muy poco si la hipoteca original ya estipulaba un plazo igual o superior a 30 años) y siempre a expensas de la evolución del tipo de interés (si éste aumenta la reducción puede llegar a ser inexistente). En todo caso, estas consecuencias, sin duda penosas, podría haberse evitado con otros posibles mecanismos alternativos (aumentar el plazo de la desgravación fiscal, por ejemplo) que facilitarían el fin perseguido sin tantos lastres y azares.

Y es que vienen al pelo las certeras palabras de Samaniego: "Nos anuncian ideas portentosas; pero suele a menudo ser el gran parto de su pensamiento, después de tanto ruido, sólo viento". Pues eso, que nadie regala duros a cuatro pesetas, que jamás perderán los poderosos y que, a lo peor, el talento de quienes nos dirigen tampoco da para mucho más.

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