EL informe de la subcomisión del Congreso de los Diputados sobre la interrupción voluntaria del embarazo prefigura, con el voto en contra del PP y la abstención de CiU y PNV, el impulso hacia la aprobación de una ley de plazos para el aborto. Este cambio en la legislación sobre el aborto no figuraba en el programa electoral socialista de 2008, aunque el Comité Federal del PSOE decidió hacerlo realidad tras el nuevo triunfo de Rodríguez Zapatero. El Gobierno está absolutamente legitimado para abordar una reforma en profundidad de la legislación sobre el aborto. Pero tiene que ser consciente de que este cambio va a provocar una profunda escisión social. La ley actualmente vigente, que contempla la despenalización del aborto en tres supuestos concretos (violación, malformación del feto y riesgo para la salud física o psíquica de la madre) y consagrada por el Tribunal Constitucional, ha sido asumida por los más amplios sectores de la sociedad española. El Partido Popular, que no derogó la ley anterior durante sus ocho años de Gobierno, ya ha anunciado su propósito de recurrir la ley de plazos y, en su caso, revocarla cuando disponga de mayoría parlamentaria suficiente. Llama la atención que precisamente cuando se cuestiona la legitimidad del uso que se está dando al tercer supuesto vigente, convertido en 'coladero' para prácticas abortivas insuficientemente justificadas por su falta de garantías, el Gobierno y el grupo parlamentario que lo respalda esté decidido a liberalizar aún más el aborto, incluso reduciendo la edad a la que las adolescentes podrán recurrir a él sin consentimiento de sus padres o tutores, siendo éste justamente el sector más vulnerable a los embarazos indeseados, que constituyen un problema social de primer orden. Frente a él cabría esperar una profundización de la educación sexual, la prevención de los embarazos y la formación en valores desde la familia y la escuela. El Gobierno, sin embargo, acude al expediente más fácil: atribuir a las embarazadas sin distinción el derecho a decidir, en un plazo tasado y sin supuesto ni explicación, si abortan o tienen el hijo que esperan, a cuyo padre, por cierto, tampoco se tiene en cuenta. La ley de plazos del aborto, en aras de un autopregonado progresismo, supondría un paso atrás y un motivo de polémica y tensión para una ciudadanía que está más preocupada por la recesión económica y el malestar social. La ley actual, mejorada, es un instrumento mejor y más consensuado.