OTRO episodio más de la "guerra del Ebro" se incorpora con fuerza al panorama informativo mediático de nuestros días. El Consejo de Ministros ha aprobado obras de emergencia por valor de 180 millones de euros para garantizar el consumo de agua a toda el área metropolitana de Barcelona. Hasta ahí, todo es correcto. No es cuestión de permanecer inactivos ante un problema que se agrava por momentos. Las administraciones deben despertar de ese estado soñoliento en el que a menudo se instalan, y solucionar lo que se veía venir. La financiación de estas inversiones correrá a cargo del gobierno central. Las consecuencias del Estatut, que obliga a equiparar las transferencias hacia Cataluña de acuerdo con la participación de su PIB en el conjunto del estado, empiezan a dar sus frutos. Veremos hasta dónde nos llevará esa solución jurídica que afrenta decididamente contra el principio de solidaridad interterritorial. Mi impresión en este punto es claramente negativa.

Otra forma de expresar la noticia sería la siguiente: el gobierno de la nación aprueba un trasvase de agua desde una cuenca a otra. Se incumple así el pacto suscrito en su momento por el PSC, IRC e ICV, actuales socios de gobierno en la Generalitat, mediante el cual se manifestaba el compromiso de rechazar cualquier iniciativa que supusiera una transferencia de agua desde el río Ebro. Con este enfoque, más aproximado a la realidad política, uno empieza a cuestionarse muchas cosas. La impulsiva y visceral negativa hacia el Plan Hidrológico Nacional, documento que contemplaba, entre otras muchas actuaciones, propuestas similares a las que ahora se aprueban, pero a favor de otros territorios que no están precisamente en Cataluña, contrasta con lo que ahora sí se defiende. Siendo claros, lo que muchos piensan es que Zapatero y el PSOE han cambiado el discurso por las exigencias del PSC y Montilla; y estos últimos han visto que aquel pacto de no trasvase, era oportuno para "otros", pero no para ellos. Así se escribe la historia.

Resulta conmovedor comprobar cómo los presidentes de Valencia y Murcia, Camps y Valcárcel, han salido en defensa de sus comunidades autónomas, incluyendo entre las zonas agraviadas a nuestra provincia de Almería. El desamparo de la Junta de Andalucía es tan clamoroso que huelga añadir comentario alguno. También es de agradecer la positiva reacción de Asempal. Puede que por fin hayan superado definitivamente ese sonrojante miedo escénico a manifestar cualquier discrepancia con los dictámenes del poder establecido. Contra las injusticias, cuántos más seamos, mejor.