AL alcalde de Alcaucín, en la Axarquía malagueña, le han pillado como presunta cabeza político-institucional de una red dedicada a promover, construir y vender viviendas, sobre todo a extranjeros ansiosos de tranquilidad, en suelo no urbanizable.

Junto al alcalde, José Manuel Martín Alba, que canta flamenco como Pepe Calayo (las agencias le atribuyen exageradamente la condición de "muy habitual en los festivales flamencos de toda Andalucía"), han sido detenidas dos hijas suyas, el jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, dos arquitectos más, varios empresarios y un intermediario. Su partido, el PSOE, ha reaccionado bien, anunciando la expulsión de los militantes que resulten imputados.

Como siempre en estos casos, respetemos la presunción de inocencia y aguardemos lo que decida la Justicia. Lo que quiero comentar es la imagen del alcalde conducido por la Guardia Civil entre los aplausos de un grupo de vecinos, a la que acompañan las declaraciones de otros ciudadanos resaltando lo buena persona que es y el bien que ha hecho en el pueblo durante su mandato. Largo mandato, porque Martín Alba ha salido alcalde en cinco elecciones consecutivas.

Son escenas reiteradas. Es muy raro encontrar las escenas contrarias en estas pequeñas poblaciones de nuestra geografía, y muy frecuente, ya digo, que alcaldes imputados en estos supuestos delitos (siempre los mismos: prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental y contra la ordenación del territorio) sean arropados por la simpatía, solidaridad e incluso movilización de sus convecinos, según los cuales se está cometiendo una auténtica injusticia.

La razón es que en estos casos se ha tejido una tupida red de beneficiarios, grandes y pequeños, de la actividad perseguida. Con la construcción de miles de viviendas ilegales ha habido trabajo abundante en pueblos de escasas perspectivas económicas, han engordado las arcas de los ayuntamientos, lo que a su vez les permite mejorar los servicios que prestan, han florecido los sectores auxiliares de la construcción, ha habido dinero fresco para comercios y bares, y así sucesivamente. También los compradores de las viviendas fuera de la ley han salido ganando en precios y calidad de vida, porque se suelen hacer en paisajes más bien idílicos o, en cualquier caso, más que agradables.

De manera que cuando los alcaldes bienhechores, que son los que abren la vía a este urbanismo de tanta conveniencia, son acusados de delitos y puestos a buen recaudo, no es raro este Fuenteovejuna rural, porque son muchos los callos pisados y los intereses en peligro. Es más, si los tribunales no inhabilitan a los regidores, seguro que los vuelven a votar. La ley aquí resulta de importancia menor.