EL sueño de los proveedores de servicios a las Administraciones públicas se ha hecho realidad en la Generalitat. Su Consejería de Salud ha pagado 42.000 euros por adelantado por dos informes externos que aún no están concluidos: un estudio sobre "la validación de los portafolios de medicina familiar y comunitaria" y otro acerca de "la viabilidad económica de una biblioteca virtual".

Lástima que los proveedores "normales" del sistema sanitario catalán cobren sus suministros en un plazo de entre cuatro y nueve meses después de haberlos proporcionado. ¿Qué tienen los dos informes citados para que con ellos se haya hecho tan estupenda excepción? Pues que fueron encargados sin concurso previo a empresas próximas a ex diputados y familiares de dirigentes de los tres partidos que componen el gobierno. También se pidieron informes sobre el cultivo de la chufa, el murciélago nana o la almeja brillante, tres asuntos esenciales, sin duda, para la vertebración nacional de Cataluña y de los que, también sin duda, no existen funcionarios de la Generalitat que entiendan tanto como los susodichos familiares y compañeros de los partidos allí gobernantes.

Carod Rovira ha dicho al respecto una cosa que siempre dicen los políticos cuando se denuncian estas prácticas (aquí mismo, en Andalucía, estamos oyéndolo estos días): ¡a ver si la familia de los cargos públicos no tiene derecho a trabajar! Sólo cabe una respuesta, a saber, que tiene todo el derecho del mundo a trabajar, y a trabajar para el sector público, pero en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Lo demás es tráfico de influencias, favoritismo, cuñadismo, etcétera.

Si se encargan muchísimos informes externos, como si el funcionariado no estuviera capacitado para elaborarlos (32 millones de euros gastó la Generalitat en 1.500 informes en un año), si se ajustan los precios para no superar el tope legal que exigiría convocar un concurso público y así poder otorgárselo a los parientes y compinches, si muchos de estos contratos versan sobre materias que no son de interés público y si se abonan antes de estar terminados y, por tanto, sin saber si están bien hechos, se puede sospechar que en esa institución se ha montado un tinglado para beneficiar con dinero público a señores particulares. Se sospecha, de hecho, que se ha organizado una red clientelar para que el paso de algunos políticos por el poder, siempre efímero, suponga una derrama de sinecuras y mamelas para el prójimo más próximo.

Estoy que no vivo pensando en el destino de la almeja brillante y el murciélago nana en Cataluña. Claro, como no han acabado aún los informes cobrados, nos tienen a todos sobre ascuas.