HOY se cumple un año de las últimas elecciones generales y autonómicas, que en nuestro caso dejaron a sendos gobiernos socialistas al frente de una crisis económica que al día de hoy se ha transformado en una profunda recesión de término aún muy incierto. Si bien es verdad que el origen de la hecatombe financiera se situó allende nuestras fronteras y que nuestros bancos y cajas están aguantando mucho mejor que otros los avatares económicos, no es menos cierto que tanto Andalucía como España están sufriendo sus consecuencias de manera más dolorosa puesto que el derrumbe del sector inmobiliario y de la construcción ha provocado un aumento descomunal del paro en un año: del 50%. Andalucía ya sufre un desempleo del 21,6%, siendo la comunidad con la tasa más alta de paro. La Junta de Andalucía ha tomado varios tipos de medidas para paliar la crisis: ha aumentando la inversión pública, ha eliminado trámites administrativos que esclerotizaban la maquinaria que aprueba proyectos y ha lanzado una serie de ayudas para mejorar la liquidez de las empresas en apuros. Sin embargo, estas medidas son claramente insuficientes. La estructura productiva de Andalucía era francamente pobre, en el sentido de poco diversificada, de ahí que suframos como pocos el estallido de la burbuja inmobiliaria mientras no se atisban otras alternativas ni de producción ni de empleo. A muchos gobiernos les está pasando lo mismo en otros países: cientos de miles de millones de euros y de dólares inyectados en ayudas y compras de bancos aún no han detenido la crisis, así que tampoco hay que esperar que la sola acción de un Ejecutivo autonómico, como el andaluz, pueda solventar la situación. Pero siendo esto una verdad, no debe convertirse en una excusa. Eso fue lo que la Junta trató de hacer, al menos, durante los primeros seis meses desde el 9-M: considerar que el problema era menos suyo porque era de todos. Grave error. El Gobierno de Manuel Chaves debe hacerse un planteamiento más riguroso de nuestra encrucijada, porque no se trata ya de salir como sea de la crisis -algún día acabará-, sino de salir en condiciones aceptables. Restan tres años de legislatura, y hay que abordar ya y sin temores las reformas estructurales cuya ausencia nos hace perder en un solo año lo ganado en cuatro.

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