LA crisis azota con fuerza a los ayuntamientos españoles, administraciones públicas vulnerables y algo indefensas ante turbulencias económicas como las que nuestro país viene atravesando. Entre tanto, el gobierno anuncia que la hoja de ruta para negociar el nuevo marco de financiación autonómico está en marcha. A propósito del nuevo estatuto catalán (luego vendrán otros territorios, nacionalidades, regiones o como queramos llamarles), y como viene sucediendo desde 1978, las autonomías serán antes que las Corporaciones Locales. La letra de la "canción" ya nos suena.

Desde que tengo uso de razón, llevo escuchando hablar una y mil veces sobre la reforma de la hacienda local, es decir, la necesidad de aplicar, de una vez por todas, una legislación que garantice recursos económicos suficientes, de acuerdo con uno de los principios señalados en el título octavo de nuestra constitución. El desequilibrio que se observa en el reparto de la tarta presupuestaria del gasto público, tan generoso para las comunidades autónomas, tan cicatero para la administración local, es terriblemente evidente, y algo habría que hacer. Pero los ayuntamientos, parientes pobres en la organización territorial del estado, tendrán de nuevo que esperar.

Mientras tanto, los presupuestos de los más de ocho mil municipios de nuestro país sobrellevan, peor que mejor, las incidencias de unos ingresos tributarios cada vez más merados. Los alcaldes podrían tomar decisiones arriesgadas e incrementar los tipos impositivos, pero la pérdida de popularidad, cuando no el rechazo masivo de la ciudadanía, les disuade de adoptar tales medidas. Los ingresos corrientes procedentes de la construcción, mayormente las tasas de licencias urbanísticas y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, han visto reducida su recaudación en más de un 70% de media. Un detalle de interés: para los ayuntamientos, la participación de los tributos del estado (IRPF e IVA) no llega ni al 1,8%, del total recaudado en todo el sistema fiscal, mientras que para las comunidades autónomas se proyecta alcanzar el 50% en un futuro muy próximo. En cuanto a la financiación de las inversiones, ya sabemos que se encuentran en un callejón sin salida, porque las clásicas fuentes provenientes de la venta de suelo están agotándose, y la ley no permite tampoco destinar estos habituales recursos a obras de interés general. Y para rematar, el pago de la deuda a largo plazo se incrementa exponencialmente, ya que los gastos financieros, en su inmensa mayoría referenciados al euribor, se han duplicado hasta niveles que se sitúan por encima del 5%. Pero ahora toca hablar de comunidades autónomas, como siempre.