LA extrema sequía que padece Cataluña -entre otras comunidades- y se ceba sobre todo con Barcelona está deparando un espectáculo político cercano al género bufo, aunque el fondo no pueda ser más dramático: el Estado de las Autonomías convertido en el Estado de la insolidaridad.

El consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, Francesc Baltasar, está en el centro del escenario. Ante la perspectiva tenebrosa de una capital catalana sin agua no ha tenido más remedio que pronunciar una palabra tabú: trasvase. Un trasvase del río Segre que lleve el más que nunca preciado líquido a las casas de Barcelona es lo que se propone acometer.

Como digo, el trasvase ha sido expresión prohibida por los gobernantes de Cataluña desde que se opusieron al del Ebro. Ahora la necesidad obliga a desdecirse, aunque Baltasar ha echado mano del habitual manoseo de las palabras para ocultar la realidad: en vez de trasvase lo llama "captación temporal de agua" y también "aportación puntual, provisional y urgente". El Gobierno de España -primero Narbona; luego, Fernández de la Vega y, finalmente, Zapatero-, que es el que tendría que autorizar el trasvase que no se quiere llamar trasvase, lo rechaza, a lo que el consejero contraataca aludiendo a un supuesto pacto de silencio con el Ejecutivo central para no hablar del asunto antes de las elecciones, pero sí después.

El propio jefe de Baltasar, José Montilla, ha encargado un nuevo informe tras conocer que técnicos de Medio Ambiente y Agricultura del Gobierno descalifican el estudio presentado por el consejero (dicen que el caudal medio del Segre no da para desviar agua) y proponen otro trasvase, desde el Ebro, al que, como quitándole también importancia política, llaman minitrasvase. Y el consejero pone la nota chufla: se dirige a la Virgen de Montserrat para implorarle con un "Madre, ya sabes que yo soy agnóstico, pero si puedes hacer algo, hazlo". La cosa acaba en rogativas, pues.

Todo el lío se resume en la evidencia de que la realidad que se ignora termina por vengarse de quienes se empecinaron en ignorarla. El mismo Gobierno que renunció a ejercer su poder sobre un bien que debe ser de todos se encuentra, al cabo de muy poco tiempo, con que ha de facilitarle agua a la comunidad que más se opuso a darla en el pasado y que ese agua ha de detraerla de Aragón -a la que se permitió rechazar los trasvases en el articulado de su propio Estatuto- o llevarla desde Almería, territorio paradigmático de la España seca.

No es un problema de ministrasvases, sino de minipolíticos atentos al corto plazo y la demagogia territorial y desatentos a la función didáctica de la política, a la solidaridad entre los ciudadanos vivan donde vivan y al reparto equitativo de lo que es común.